Gobernador de Aysén exige criterios diferenciados en evaluación de la SMA para incentivar inversión en regiones

En respuesta a la carta publicada la semana pasada en El Mercurio por parte del gerente general de Cooke Chile, Andrés Parodi, titulada “La ética de la SMA”, se generaron una serie de reacciones en el mundo político, económico y también ONGs sobre el conocido caso de paralización de las operaciones del centro de cultivo Huillines 3 de la empresa salmonicultora. La autoridad regional expresó en una columna de opinión publicada en Canal Sur Patagonia que “resulta incomprensible que, aun cuando existe consenso sobre la necesidad que Chile crezca, que las regiones lideren su propio desarrollo y que se fomente la inversión para generar empleo y dinamizar la economía, nos encontremos con la realidad que proyectos con todos sus permisos en regla sean rechazados por visiones ideológicas que poco aportan a la reactivación económica del país”. Señaló que “la SMA cumple un rol fundamental en la fiscalización de la normativa ambiental. Su labor incluye el seguimiento y control de proyectos que afectan la calidad del aire, el agua y el ruido, además de la supervisión del cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Respetando estos objetivos, quiero reiterar lo que he manifestado en otras ocasiones: no buscamos depredación en la industria del salmón, sino un estándar claro que brinde certezas a los inversionistas y garantice un equilibrio entre desarrollo y protección ambiental. En otras palabras, se requieren reglas del juego bien definidas para evitar que las empresas se enfrenten, al final del proceso, con trabas inesperadas que frenen iniciativas serias y comprometidas con el desarrollo de las regiones”. Explicó que “podríamos debatir sobre la claridad de la legislación o sobre el impacto de ciertos proyectos en las comunidades. También podríamos cuestionar si los emplazamientos de las iniciativas son siempre los más adecuados. Sin embargo, lo que resulta innegable es que, aun cuando un proyecto cumple con todos los requisitos legales, los criterios aplicados para su evaluación no siempre son claros y transparentes, especialmente en regiones donde atraer inversión ya es un desafío debido a los altos costos básicos”. Sostuvo que “como gobernador regional, cuando recorro la región—una de las tres regiones más grandes del país, con 109 mil kilómetros cuadrados—, los habitantes expresan una demanda clara: trabajo para sus familias y la llegada de empresas y oportunidades en sus comunas. Para que esto sea posible, el Estado debe actuar dentro del marco de la ley y evitar decisiones que, bajo criterios poco claros, terminan desincentivando la inversión privada en las regiones”. Por esta razón, realizó un llamado a las autoridades e instituciones “a adoptar una mirada distinta hacia la realidad de las regiones. Nuestra realidad no es la misma que la de Santiago ni la de otras zonas no aisladas del país. Apelamos a la aplicación de criterios diferenciados o, al menos, a la existencia de reglas claras que permitan a nuestra región crecer económica y socialmente, sin descuidar el respeto y cuidado por el medio ambiente”. Debate con las ONGs Tras la carta del ejecutivo de Cooke Chile, respondió a través del mismo medio el presidente de la ONG ambientalista denominada Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Erwin Sandoval, quien indicó que si bien también son críticos “de cómo ejerce la SMA sus atribuciones y competencias estas deficiencias se deben, principalmente, a una laxa normativa y presupuesto. Diagnóstico distante del de cierto empresariado (y de Cooke), que buscan el debilitamiento de un organismo clave a la hora de sancionar sus ilegalidades”. Afirmó que “los centros Huillines 2 y Huillines 3-foco del procedimiento sancionatorio dirigido por la SMA-si están ubicados al interior del parque, aunque lo niegue Cooke. Esto lo dicen no sólo la SMA, sino también el Servicio de Evaluación Ambiental y Bienes Nacionales (órgano a cargo de la cartografía oficial de las áreas protegidas)”. Además, señaló que “ningún acuerdo político (de relocalización como acá, o de otro tipo) puede pasar sobre la ley. Máxima que, sin lugar a dudas, debería ser observada en este caso”. A propósito de que el gerente general de Cooke Chile apeló a un acuerdo suscrito con el Gobierno en el año 2023, en el que las autoridades se comprometieron a respetar los derechos adquiridos de la compañía para seguir operando, mientras se renovaban los permisos para una nueva localización del centro. En respuesta a esta misiva, Andrés Parodi, señaló que el representante de esta ONG ambientalista y que se “autodefine en sus redes como activista socio-ambiental y, en esa condición, se ha hecho parte para actuar en conjunto con la SMA en el procedimiento sancionatorio que se viene impulsando en contra de nuestra empresa”. El gerente de Cooke interpeló a Sandoval para consultar quienes son sus financistas porque “la ONG que él preside reconoce en su propio sitio web que cuenta con un financiamiento tanto nacional como internacional. Sería deseable que se explicitara, tal como nosotros lo hicimos al indicar que nuestros accionistas son capitales canadienses”. Además, Parodi refutó que es completamente falso lo que afirma el líder de la ONG acerca de que la empresa opera en un parque nacional. Al respecto, explicó que “la concesión fue otorgada con posterioridad a las normas de la Convención de Washington, ratificada por Chile en 1967; a la Ley de Pesca de 1992 que prohíbe concesiones en Parques Nacionales y a la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994. Si la concesión hubiese estado en un área protegida, ¿cómo la Contraloría podría haber tomado razón, como lo hizo, del decreto que la concedía?”. El ejecutivo enfatizó que “es imposible para una empresa soportar el asedio, el abuso y la discrecionalidad de los organismos estatales cuando estos está dirigidos por personas cuyo objetivo es evitar el desarrollo productivo. ¿Cómo es posible que en los procedimientos sancionatorios la SMA actué en tándem con ONGs ambientalistas que reciben financiamiento internacional para destruir empresas, trabajo, aportes tributarios y oportunidades para localidades vulnerables?». Volvió a reafirmar que “Cooke cuenta con todas las autorizaciones sectoriales para operar y nunca se ha acreditado la existencia de daño ni riesgo ambiental alguno. Por eso aceptamos la propuesta del Gobierno de suscribir un acuerdo con los ministros de Medioambiente y Economía y dos subsecretarios, que dice: Se coordinarán los distintos entes del Estado para respetar los derechos adquiridos y el desarrollo de la actividad dentro de la normativa vigente, mientras se realiza la relocalización de las concesiones”. Cerró enfatizando que “al defendernos pagamos un alto costo, pero lo hacemos por nuestro país, por nuestros trabajadores y proveedores y por los inversionistas que confiaron en Chile”.