Este conflicto, que se ha desarrollado en el contexto de la acuicultura, un sector clave para la economía nacional, nos invita a reflexionar sobre el rol de las instituciones, la importancia de la certeza jurídica y la necesidad de establecer las reglas del juego claramente desde el principio.
Cooke Chile, una empresa de capitales canadienses con una larga trayectoria en el territorio, ha expresado su profunda preocupación por lo que considera una serie de acciones arbitrarias por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile (SMA), que ha obstaculizado sus operaciones en el centro de cultivo Huillines 3.
La empresa alega que ha cumplido con todas las normativas vigentes y que sus operaciones no se encuentran dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, como ha sugerido la SMA. En este sentido, la compañía ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades, pero exige claridad en las regulaciones y un trato justo.
La firma también señala que lo más grave dentro de lo sucedido es que el organismo, que forma parte de la estructura del sector público, «desconoció deliberadamente el acuerdo suscrito con el Gobierno en el año 2023, en el que las autoridades se comprometieron a respetar nuestros derechos adquiridos para seguir operando, mientras se renovaban los permisos para la nueva localización del centro”.
Por su parte, la SMA, como entidad fiscalizadora, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental y de asegurar que las actividades productivas se desarrollen de manera sostenible. Por lo tanto, es fundamental que la SMA actúe con transparencia, objetividad y rigor técnico, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de las empresas.
Incentivar la inversión privada
Bajo este escenario, autoridades como el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, manifestaron hace unos días que es fundamental clarificar, transparentar e incluso diferenciar desde el inicio los criterios aplicados en la evaluación de proyectos presentados especialmente en regiones donde atraer la inversión ya es un desafío mayor debido a los altos costos básicos.
Es así como este debate plantea una serie de interrogantes que merecen una reflexión profunda:
¿Cómo podemos garantizar la certeza jurídica para las empresas que invierten en nuestro país, sin comprometer la protección del medio ambiente?
¿De qué forma se pueden clarificar o diferenciar los criterios de evaluación de proyectos y así incentivar la inversión privada en regiones?
Es crucial que este conflicto se resuelva de manera transparente y justa, respetando el Estado de Derecho y garantizando la protección del medio ambiente. La acuicultura es un sector estratégico para la economía nacional y fundamental para la macrozona sur de Chile, y por supuesto que su desarrollo debe ser sostenible y respetuoso con el entorno.
No se trata solamente de quien tiene la razón, sino de establecer normas y estándares claros. Esto permitirá a los inversores tener confianza y garantizará que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, protegiendo el medio ambiente. En ese sentido, es de gran relevancia evitar que proyectos responsables se vean frenados por regulaciones ambiguas o cambios inesperados durante el proceso.
Este conflicto nos hace reflexionar que el equilibrio, la claridad en las regulaciones, la transparencia en los procesos y el respeto mutuo son esenciales para construir un futuro sostenible para Chile.
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