Permisología: Expertos proponen 30 iniciativas para acelerar la inversión en Chile
14 expertos en gestión de proyectos, reunidos por el centro de estudios Horizontal, dieron a conocer en Icare un informe que incluye 30 propuestas para reactivar la inversión en Chile. El documento, llamado "Con permiso para crecer," se centra en la complejidad del actual sistema de permisos del país, identificado como un factor que ha contribuido al estancamiento económico en las últimas décadas.
Entre 1990 y 2011, Chile experimentó un crecimiento económico robusto, con una tasa promedio anual del 4%. No obstante, en las décadas recientes, la economía chilena ha mostrado una desaceleración significativa, con su tasa de crecimiento tendencial disminuyendo a un 1,8%. Esta ralentización se atribuye, principalmente, a una disminución en la inversión.
«Para superar el 4% de crecimiento, la inversión debe multiplicarse por nueve. Esto ya se ha logrado antes y es posible repetirlo. No obstante, la excesiva «permisología» (trámites de permisos) está frenando los proyectos, transformando al Estado de un aliado en un obstáculo. Es imperativo revertir esta situación», enfatizaron desde Horizontal.
De acuerdo a los autores de las propuestas, el foco de estas medidas es lograr un adecuado balance entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico y moverse hacia una regulación más clara, predecible y eficiente para cumplir altos requerimientos ambientales y sociales. «El espíritu de estas medidas es que, una vez fijado el estándar normativo, se ejecute la máxima cantidad de iniciativas de inversión en el país», explicaron.
El informe fue realizado por un equipo interdisciplinario en áreas de economía, medio ambiente, derecho y gestión pública. A continuación, la lista de los expertos que elaboraron el informe: Ignacio Briones, Juan Carlos Jobet, Edesio Carrasco, Cristóbal de la Maza, Juan Pablo Escudero, Jorge Ferrando, Luis Eugenio García Huidobro, Ricardo Katz, Marcela Klein, Santiago Montiel, Juan José Obach, Paulina Riquelme y Francisca Toledo.
Medidas de carácter general
Permisología en base cero: Realizar una revisión exhaustiva y sistemática de la regulación ambiental y sectorial que sirve de base para la solicitud de permisos, a fin de que estas cumplan con su objetivo de proteger el bien público, al tiempo que sean eficientes, consistentes y justifiquen los costos que involucran. Esto alinea nuestro marco regulatorio con las mejores prácticas internacionales (OCDE, 2012, 2025). Repetir esta revisión cada 6 años.
Priorización de evaluación para proyectos estratégicos:El Presidente de la República tendría la facultad de definir proyectos clave cuya tramitación se priorice, asignando equipos especializados para acelerar el proceso.
Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión (OGP):Crear una entidad encargada de coordinar la tramitación de permisos y gestionar de manera coherente todo el sistema de permisos en el país, reduciendo los tiempos de espera.
Incentivos a los funcionarios públicos para la tramitación ágil de permisos: Establecer un nuevo estatuto laboral para funcionarios, con incentivos ligados al rendimiento y plazos de tramitación eficientes, asegurando un servicio ágil.
Transferencia de recursos vía OGP para reducir stock de permisos: Otorgar a la OGP facultades para reasignar recursos y agilizar la tramitación de permisos atrasados, con evaluación de impacto de estos recursos.
Completar la digitalización de los permisos y fortalecer el Sistema Único de Permisos (SUPER):Acelerar la digitalización de permisos para facilitar su tramitación, con un sistema obligatorio y transparente.
Inteligencia Artificial para la automatización de procesos: Usar todas las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar la tramitación de permisos, con foco en simplificar procesos de admisibilidad, identificar retrasos en los servicios evaluadores e identificar pronunciamientos que exceden atribuciones definidas en la normativa.
Otorgar mayor responsabilidad a CONADI sobre los participantes de las consultas indígenas: Definir que solo las comunidades inscritas en el catastro de CONADI participen en la consulta indígena, mejorando la transparencia y eficiencia del proceso.
Transparencia en instancias de participación ciudadana e indígena: Todas las ONGs, comunidades y otras organizaciones que participen de un proceso de participación ciudadana, deben transparentar su objeto legal, estados financieros y fuentes de financiamiento en su página web. La impugnación en tribunales ambientales se restringe a quienes participaron de las instancias de participación ciudadana.
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Nuevo objetivo de evaluación ambiental: Modificar el objetivo de la evaluación ambiental de los proyectos para que exista ponderación entre costos y beneficios, y para incluir el aporte de estos al desarrollo sustentable del país. Esto es, resguardar el medio ambiente, al tiempo que equilibra esa protección con el progreso económico y social. Esto requiere modificar la Ley N° 19.300, en su artículo 2, letra j.
Reforma a la gobernanza de la evaluación ambiental: Crear una nueva Agencia de Evaluación Ambiental (AEA o Agencia) como institución pública colegiada -cuya conformación emule la Comisión para el Mercado Financiero- que sustituya al actual Servicio de Evaluación Ambiental y administre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Estará gobernada por cinco consejeros con experiencia en evaluación de proyectos, que trabajarán a tiempo completo de manera remunerada, serán nombrados por el Presidente y ratificados por el Senado; y elegirán su Dirección Ejecutiva en base a una terna propuesta por Alta Dirección Pública.
Consolidar rol evaluador de la AEA: Transferir toda la tramitación ambiental a la AEA, asegurando que sea la única entidad encargada de evaluar los proyectos y otorgar permisos sectoriales relacionados.
Nueva vía de ingreso con etapa de screening: Crear una etapa de evaluación temprana para proyectos de gran escala con un plazo máximo de tres meses, adelantando decisiones clave sobre su viabilidad.
Invariabilidad regulatoria: Implementar un sistema que garantice estabilidad regulatoria, asegurando que los proyectos no enfrenten cambios inesperados durante la tramitación de permisos.
Revisión de umbrales de ingreso al SEIA y exclusión de adaptaciones tecnológicas: Eliminar causales de ingreso innecesarios al SEIA, permitiendo a la AEA eximir de tramitación proyectos con bajo impacto ambiental.
Simplificación de DIA y tramitación expedita para proyectos estandarizados:Simplificar el proceso para Declaraciones de Impacto Ambiental, creando un camino más ágil para proyectos recurrentes con impacto ambiental predefinido.
Iteraciones simples en la tramitación:Establecer que las solicitudes adicionales en el proceso de evaluación solo puedan realizarse una vez, reduciendo las iteraciones innecesarias que alargan los plazos.
Regular adecuadamente las Guías de Evaluación Ambiental: Asegurar que las guías de evaluación sean claras y alineadas con el marco legal, sin generar requisitos adicionales innecesarios.
Eliminar la práctica de requerir consulta de pertinencia del SEIA como requisito previo para tramitar permisos sectoriales: Eliminar la consulta de pertinencia, acelerando el proceso de obtención de permisos.
Reducción de la Judicialización
Terminar con solicitud de invalidación administrativa:Impedir que la RCA sea impugnada por invalidación administrativa, reduciendo los procesos burocráticos y judiciales.
Eliminar recurso de casación ante la Corte Suprema: Limitar la impugnación de permisos al ámbito de los tribunales ambientales, evitando la judicialización excesiva y agilizando el proceso legal.
Sistema de admisibilidad y costas: : Establecer un sistema de requisitos de admisibilidad para la impugnación de permisos en sede ambiental. Agregar un sistema de condena por costas y demanda por perjuicios para quienes impugnan permisos sin tener un fundamento plausible para ello.
Autorizaciones Sectoriales
Consolidar la figura de revisores externos y traspaso de costo a usuarios: Crear un sistema de revisores externos acreditados para la evaluación de proyectos, trasladando el costo de su servicio a los usuarios de los permisos.
Consolidar todos los recursos de legalidad que existen en uno solo: Unificar todos los recursos de legalidad en un solo procedimiento judicial, con plazos estrictos para la presentación y resolución de reclamaciones.
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN):Reformar el CMN para optimizar la gestión de permisos para intervenciones en patrimonio arqueológico, trasladando funciones al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Ley Lafkenche: : Aumentar la exigencia para declarar admisibles las solicitudes de Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO) y postergar el efecto suspensivo que tienen en las otras solicitudes de concesión, para cuando la CONADI ya haya acreditado el uso consuetudinario de dicho espacio. A su vez, dicha acreditación debe ser más exigente que en la actualidad.
Concesiones marítimas eficientes en Subsecretaría de FF.AA.: Profundizar el proceso de digitalización interno de la Subsecretaría y entregar herramientas digitales a los funcionarios para mantener un catastro de concesiones marítimas otorgadas y en tramitación. Se considera que el proyecto de ley que traspasa las concesiones marítimas al Ministerio de Bienes Nacionales no mejorará los tiempos de tramitación.
Modificaciones a la DGA: Contratar personal técnico para reducir el stock de permisos pendientes en la Dirección General de Aguas y mejorar la tramitación de permisos hidráulicos.
Modificar la ley de bosque nativo para ampliar proyectos de interés nacional: Permitir la intervención en zonas de bosque para proyectos de interés nacional, como viviendas sociales y energías renovables, bajo regulaciones estrictas.
Concesiones acuícolas: : Innovar en el modelo productivo impulsando relocalizaciones y promoviendo fusiones de concesiones para optimizar el uso del espacio con menos concesiones, más grandes, más distanciadas y con cuotas de producción por centro y por área que permita rotación de sitios y entregue flexibilidad y certezas al acuicultor.
Lea el documento completo aquí.
Entre 1990 y 2011, Chile experimentó un crecimiento económico robusto, con una tasa promedio anual del 4%. No obstante, en las décadas recientes, la economía chilena ha mostrado una desaceleración significativa, con su tasa de crecimiento tendencial disminuyendo a un 1,8%. Esta ralentización se atribuye, principalmente, a una disminución en la inversión.
«Para superar el 4% de crecimiento, la inversión debe multiplicarse por nueve. Esto ya se ha logrado antes y es posible repetirlo. No obstante, la excesiva «permisología» (trámites de permisos) está frenando los proyectos, transformando al Estado de un aliado en un obstáculo. Es imperativo revertir esta situación», enfatizaron desde Horizontal.
De acuerdo a los autores de las propuestas, el foco de estas medidas es lograr un adecuado balance entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico y moverse hacia una regulación más clara, predecible y eficiente para cumplir altos requerimientos ambientales y sociales. «El espíritu de estas medidas es que, una vez fijado el estándar normativo, se ejecute la máxima cantidad de iniciativas de inversión en el país», explicaron.
El informe fue realizado por un equipo interdisciplinario en áreas de economía, medio ambiente, derecho y gestión pública. A continuación, la lista de los expertos que elaboraron el informe: Ignacio Briones, Juan Carlos Jobet, Edesio Carrasco, Cristóbal de la Maza, Juan Pablo Escudero, Jorge Ferrando, Luis Eugenio García Huidobro, Ricardo Katz, Marcela Klein, Santiago Montiel, Juan José Obach, Paulina Riquelme y Francisca Toledo.
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Medidas de carácter general
Permisología en base cero: Realizar una revisión exhaustiva y sistemática de la regulación ambiental y sectorial que sirve de base para la solicitud de permisos, a fin de que estas cumplan con su objetivo de proteger el bien público, al tiempo que sean eficientes, consistentes y justifiquen los costos que involucran. Esto alinea nuestro marco regulatorio con las mejores prácticas internacionales (OCDE, 2012, 2025). Repetir esta revisión cada 6 años.
Priorización de evaluación para proyectos estratégicos:El Presidente de la República tendría la facultad de definir proyectos clave cuya tramitación se priorice, asignando equipos especializados para acelerar el proceso.
Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión (OGP):Crear una entidad encargada de coordinar la tramitación de permisos y gestionar de manera coherente todo el sistema de permisos en el país, reduciendo los tiempos de espera.
Incentivos a los funcionarios públicos para la tramitación ágil de permisos: Establecer un nuevo estatuto laboral para funcionarios, con incentivos ligados al rendimiento y plazos de tramitación eficientes, asegurando un servicio ágil.
Transferencia de recursos vía OGP para reducir stock de permisos: Otorgar a la OGP facultades para reasignar recursos y agilizar la tramitación de permisos atrasados, con evaluación de impacto de estos recursos.
Completar la digitalización de los permisos y fortalecer el Sistema Único de Permisos (SUPER):Acelerar la digitalización de permisos para facilitar su tramitación, con un sistema obligatorio y transparente.
Inteligencia Artificial para la automatización de procesos: Usar todas las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar la tramitación de permisos, con foco en simplificar procesos de admisibilidad, identificar retrasos en los servicios evaluadores e identificar pronunciamientos que exceden atribuciones definidas en la normativa.
Otorgar mayor responsabilidad a CONADI sobre los participantes de las consultas indígenas: Definir que solo las comunidades inscritas en el catastro de CONADI participen en la consulta indígena, mejorando la transparencia y eficiencia del proceso.
Transparencia en instancias de participación ciudadana e indígena: Todas las ONGs, comunidades y otras organizaciones que participen de un proceso de participación ciudadana, deben transparentar su objeto legal, estados financieros y fuentes de financiamiento en su página web. La impugnación en tribunales ambientales se restringe a quienes participaron de las instancias de participación ciudadana.
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Nuevo objetivo de evaluación ambiental: Modificar el objetivo de la evaluación ambiental de los proyectos para que exista ponderación entre costos y beneficios, y para incluir el aporte de estos al desarrollo sustentable del país. Esto es, resguardar el medio ambiente, al tiempo que equilibra esa protección con el progreso económico y social. Esto requiere modificar la Ley N° 19.300, en su artículo 2, letra j.
Reforma a la gobernanza de la evaluación ambiental: Crear una nueva Agencia de Evaluación Ambiental (AEA o Agencia) como institución pública colegiada -cuya conformación emule la Comisión para el Mercado Financiero- que sustituya al actual Servicio de Evaluación Ambiental y administre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Estará gobernada por cinco consejeros con experiencia en evaluación de proyectos, que trabajarán a tiempo completo de manera remunerada, serán nombrados por el Presidente y ratificados por el Senado; y elegirán su Dirección Ejecutiva en base a una terna propuesta por Alta Dirección Pública.
Consolidar rol evaluador de la AEA: Transferir toda la tramitación ambiental a la AEA, asegurando que sea la única entidad encargada de evaluar los proyectos y otorgar permisos sectoriales relacionados.
Nueva vía de ingreso con etapa de screening: Crear una etapa de evaluación temprana para proyectos de gran escala con un plazo máximo de tres meses, adelantando decisiones clave sobre su viabilidad.
Invariabilidad regulatoria: Implementar un sistema que garantice estabilidad regulatoria, asegurando que los proyectos no enfrenten cambios inesperados durante la tramitación de permisos.
Revisión de umbrales de ingreso al SEIA y exclusión de adaptaciones tecnológicas: Eliminar causales de ingreso innecesarios al SEIA, permitiendo a la AEA eximir de tramitación proyectos con bajo impacto ambiental.
Simplificación de DIA y tramitación expedita para proyectos estandarizados:Simplificar el proceso para Declaraciones de Impacto Ambiental, creando un camino más ágil para proyectos recurrentes con impacto ambiental predefinido.
Iteraciones simples en la tramitación:Establecer que las solicitudes adicionales en el proceso de evaluación solo puedan realizarse una vez, reduciendo las iteraciones innecesarias que alargan los plazos.
Regular adecuadamente las Guías de Evaluación Ambiental: Asegurar que las guías de evaluación sean claras y alineadas con el marco legal, sin generar requisitos adicionales innecesarios.
Eliminar la práctica de requerir consulta de pertinencia del SEIA como requisito previo para tramitar permisos sectoriales: Eliminar la consulta de pertinencia, acelerando el proceso de obtención de permisos.
Reducción de la Judicialización
Terminar con solicitud de invalidación administrativa:Impedir que la RCA sea impugnada por invalidación administrativa, reduciendo los procesos burocráticos y judiciales.
Eliminar recurso de casación ante la Corte Suprema: Limitar la impugnación de permisos al ámbito de los tribunales ambientales, evitando la judicialización excesiva y agilizando el proceso legal.
Sistema de admisibilidad y costas: : Establecer un sistema de requisitos de admisibilidad para la impugnación de permisos en sede ambiental. Agregar un sistema de condena por costas y demanda por perjuicios para quienes impugnan permisos sin tener un fundamento plausible para ello.
Autorizaciones Sectoriales
Consolidar la figura de revisores externos y traspaso de costo a usuarios: Crear un sistema de revisores externos acreditados para la evaluación de proyectos, trasladando el costo de su servicio a los usuarios de los permisos.
Consolidar todos los recursos de legalidad que existen en uno solo: Unificar todos los recursos de legalidad en un solo procedimiento judicial, con plazos estrictos para la presentación y resolución de reclamaciones.
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN):Reformar el CMN para optimizar la gestión de permisos para intervenciones en patrimonio arqueológico, trasladando funciones al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Ley Lafkenche: : Aumentar la exigencia para declarar admisibles las solicitudes de Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO) y postergar el efecto suspensivo que tienen en las otras solicitudes de concesión, para cuando la CONADI ya haya acreditado el uso consuetudinario de dicho espacio. A su vez, dicha acreditación debe ser más exigente que en la actualidad.
Concesiones marítimas eficientes en Subsecretaría de FF.AA.: Profundizar el proceso de digitalización interno de la Subsecretaría y entregar herramientas digitales a los funcionarios para mantener un catastro de concesiones marítimas otorgadas y en tramitación. Se considera que el proyecto de ley que traspasa las concesiones marítimas al Ministerio de Bienes Nacionales no mejorará los tiempos de tramitación.
Modificaciones a la DGA: Contratar personal técnico para reducir el stock de permisos pendientes en la Dirección General de Aguas y mejorar la tramitación de permisos hidráulicos.
Modificar la ley de bosque nativo para ampliar proyectos de interés nacional: Permitir la intervención en zonas de bosque para proyectos de interés nacional, como viviendas sociales y energías renovables, bajo regulaciones estrictas.
Concesiones acuícolas: : Innovar en el modelo productivo impulsando relocalizaciones y promoviendo fusiones de concesiones para optimizar el uso del espacio con menos concesiones, más grandes, más distanciadas y con cuotas de producción por centro y por área que permita rotación de sitios y entregue flexibilidad y certezas al acuicultor.
