El planteamiento, impulsado por el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, busca sacar las concesiones acuícolas de aguas dulces, reabriendo un debate de fondo sobre sostenibilidad, regulación y desarrollo productivo en la región de Los Lagos.
Desde el ámbito político regional, la reacción no se hizo esperar. El consejero por Osorno, Eduardo Parada, advirtió en el medio Paislobo que una decisión de esta magnitud podría tener consecuencias “devastadoras” para la economía local. “Eliminar los centros en agua dulce es, en la práctica, desmantelar la salmonicultura”, sostuvo, enfatizando que el ciclo biológico del salmón exige su paso por este tipo de ecosistemas antes de completar su engorda en el mar.
Más allá de la controversia ambiental, el foco se ha trasladado al empleo. La eventual salida de las operaciones lacustres amenaza una extensa red de trabajo que se extiende por comunas como Osorno y San Juan de la Costa. Operarios, transportistas, proveedores de insumos y servicios logísticos forman parte de una cadena productiva que podría verse severamente afectada.
Parada, si bien reconoció la necesidad de resguardar los ecosistemas, planteó una alternativa: fortalecer la fiscalización en lugar de eliminar la actividad. Entre sus propuestas destacan controles más estrictos sobre la carga animal, límites claros a la cantidad de centros por área y una supervisión efectiva de la vida útil de las concesiones. “El desafío no es prohibir, sino hacer cumplir la normativa”, subrayó.
El debate se instala en un momento clave. La discusión coincide con la realización de AquaSur 2026, el mayor encuentro de la industria en el hemisferio sur, donde autoridades, empresas y gremios analizan precisamente los desafíos de competitividad, sostenibilidad y relocalización del sector.
