Aumentan los plazos para proyectos ambientales pese a modernización del SEIA

Aunque el gobierno busca mostrar avances en la tramitación de grandes proyectos de inversión, los tiempos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) siguen al alza, especialmente en lo que respecta a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Según datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) actualizados al 27 de agosto de 2025, el promedio nacional de revisión de una DIA es de 410 días, frente a los 256 días registrados en 2020. Esto representa un incremento del 60% en cinco años, y del 38,5% si se compara con 2015. Aysén lidera demoras en evaluación ambiental Un análisis de las abogadas Paulina Riquelme y Sofía Costa del estudio jurídico Eelaw destaca que las regiones de Ñuble, Magallanes y Aysén concentran los mayores retrasos. Esta última lidera con un promedio de 917 días de tramitación por proyecto, una cifra atribuida a factores geográficos, climáticos, sociales y administrativos que hacen más compleja la evaluación ambiental, así lo publica EL Pulso del Diario La Tercera. Riquelme explica que estos plazos reflejan no solo burocracia, sino la necesidad de garantizar análisis rigurosos en zonas ambientalmente sensibles. Por su parte, el abogado Felipe Riesco critica directamente la capacidad del SEA para coordinar el proceso: “El SEA no filtra ni ordena las observaciones de los servicios públicos, y los titulares de proyectos aceptan todo por apuro, lo que crea un círculo vicioso”. El exministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, apunta a dos factores clave: proyectos mal diseñados que provocan múltiples suspensiones, y problemas de gestión interna del SEIA. Ambos coinciden en la necesidad de mejorar tanto la calidad de los proyectos como la eficiencia institucional. Evaluación ambiental en Chile enfrenta desafío estructural Desde el SEA, su directora ejecutiva, Valentina Durán. Asegura que el organismo cumple siempre con los plazos legales y que las extensiones suelen ser solicitadas por los propios titulares. En gran parte para adaptarse a las exigencias del Decreto Supremo N° 40 y responder a observaciones ciudadanas, especialmente bajo el marco del Acuerdo de Escazú. También destaca avances tecnológicos y automatización de procesos que han permitido agilizar algunas etapas clave. No obstante, Durán reconoce que los proyectos actuales tienen impactos más complejos, lo que exige análisis más profundos y mayor coordinación institucional. A ello se suma una ciudadanía más informada y exigente. En medio de una triple crisis ambiental —contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático. La que ha elevado los estándares normativos y las expectativas sociales. Pese a los esfuerzos de modernización, los datos muestran que la evaluación ambiental en Chile enfrenta un desafío estructural: cómo equilibrar celeridad con rigurosidad, inversión con protección ambiental, y desarrollo con participación ciudadana.