Caso Australis: tribunal rechaza reabrir investigación penal y levanta cautelares a Isidoro Quiroga
La resolución judicial marca un nuevo hito en la disputa entre los antiguos propietarios de Australis Seafoods y su actual controlador, Joyvio. Mientras la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación penal, la firma china anunció que buscará forzar la acusación para llevar el caso a juicio oral.
El denominado caso Australis sumó un nuevo capítulo judicial. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de los querellantes para reabrir la investigación penal. Además, dispuso el término de las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario Isidoro Quiroga y los exejecutivos de la salmonera vinculados a la causa.
La decisión fue adoptada este viernes por la jueza Paulina Moya, durante la segunda jornada de alegatos de la audiencia de reapertura. En la misma resolución, el tribunal fijó para el 15 de marzo de 2027 la audiencia de sobreseimiento de los imputados, según informó Emol.
La determinación se produce después de que el Ministerio Público comunicara formalmente su decisión de no perseverar en la investigación, al estimar que los antecedentes reunidos no permiten sustentar una acusación penal.
Fiscalía descarta continuar con la persecución penal
La investigación involucró al empresario Isidoro Quiroga, al exgerente de Administración y Finanzas de Australis, Santiago Garretón, y al expresidente del directorio Martín Guiloff, quienes fueron formalizados en enero de 2025 por los presuntos delitos de estafa y administración desleal.
En ese momento, la Fiscalía cifró en US$620 millones el perjuicio atribuido a los hechos investigados. Estos hechos estaban relacionados con una supuesta sobreproducción de salmones que habría excedido los permisos ambientales y afectado el valor de la compañía durante su proceso de venta.
Sin embargo, tras más de tres años de investigación, que incluyeron más de 80 declaraciones, 70 oficios y 26 instrucciones a la Policía de Investigaciones (PDI), el fiscal Juan Pablo Araya concluyó que no existían antecedentes suficientes para formular una acusación.
Con el rechazo a la reapertura, también quedaron sin efecto las medidas cautelares que afectaban a los imputados. Quiroga y Garretón estaban sujetos a arraigo nacional y firma trimestral, mientras que Guiloff debía firmar cada dos meses en el consulado chileno en Madrid, España.
La reacción de la parte de Quiroga
Tras conocerse la resolución, Asesorías e Inversiones Benjamín (AIB), sociedad ligada a Quiroga, valoró la decisión del tribunal y la determinación adoptada por el Ministerio Público.
La firma sostuvo que, después de revisar los antecedentes recopilados durante la investigación, la Fiscalía concluyó que no existían elementos que justificaran continuar con la persecución penal.
Asimismo, defendió que la evidencia reunida descartaría la existencia de engaño o fraude en la compraventa de Australis. También destacó las conclusiones de un tribunal arbitral que previamente examinó los mismos hechos.
Según AIB, dicho tribunal, incluido el árbitro designado por Joyvio, concluyó que no hubo dolo ni fraude y que los compradores contaban con amplia información al momento de concretar la operación.
Estas declaraciones corresponden a la posición de la sociedad ligada al empresario y se enmarcan en una controversia que mantiene abiertos otros frentes judiciales y arbitrales.
Joyvio insiste en llevar el caso a juicio
La resolución no significa que la disputa penal haya terminado. Joyvio, actual controlador de Australis Seafoods, confirmó que continuará adelante con su acción contra Quiroga y los antiguos ejecutivos de la compañía.
La firma china anunció que solicitará el forzamiento de la acusación. Este mecanismo permite a los querellantes pedir autorización judicial para sostener una acusación propia y procurar llevar a los imputados a juicio oral, pese a que la Fiscalía haya decidido no perseverar.
El abogado querellante César Ramos explicó que la solicitud de reapertura buscaba completar diligencias que, a juicio de esa parte, resultaban relevantes para esclarecer los hechos. Entre ellas figuraban peritajes destinados a determinar los perjuicios económicos y un análisis criminalístico de correos electrónicos.
El tribunal desestimó esas diligencias, entre otros aspectos, por dificultades técnicas. No obstante, Ramos afirmó que la falta de esos antecedentes no significa que para los querellantes la causa esté concluida.
De esta manera, Joyvio mantiene su intención de buscar una instancia judicial en la que pueda defender su posición respecto de la operación de compraventa y los hechos denunciados.
Un conflicto que también se juega en el arbitraje
La controversia entre Joyvio y los antiguos propietarios de Australis se originó tras la adquisición de la salmonera en 2019, por un monto cercano a los US$921 millones.
Posteriormente, el comprador acusó a los anteriores controladores de ocultar información sobre niveles de producción que habrían excedido los permisos ambientales, lo que, según su tesis, habría influido en el precio pagado por la compañía.
En paralelo a la investigación penal, los hechos fueron examinados en un procedimiento arbitral. Ese proceso concluyó que los vendedores habían entregado información incompleta y omitido antecedentes ambientales, y ordenó restituir US$217 millones, monto que ascendería a cerca de US$300 millones al considerar intereses.
Sin embargo, en junio, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló ese laudo, tras lo cual Joyvio inició un nuevo arbitraje que permanece en curso.
Este antecedente refleja la complejidad del conflicto: mientras la investigación penal enfrenta un escenario marcado por la decisión de la Fiscalía de no perseverar y el rechazo a reabrir las diligencias, la disputa comercial y patrimonial continúa por otras vías.
Un caso de alto impacto para la salmonicultura chilena
El caso Australis se ha convertido en una de las controversias corporativas más relevantes para la salmonicultura nacional, por el monto involucrado, las acusaciones relacionadas con la información ambiental y las consecuencias que podría tener para las partes.
La decisión del Cuarto Juzgado de Garantía representa un avance para la posición procesal de los imputados, al dejar sin efecto sus medidas cautelares y rechazar las diligencias solicitadas por los querellantes. Sin embargo, todavía queda pendiente la audiencia de sobreseimiento y la eventual solicitud de Joyvio para forzar la acusación.
Por ahora, el desenlace penal dependerá de los próximos pasos procesales, mientras el frente arbitral continúa abierto. Así, una operación que comenzó con la compra de Australis por cerca de US$921 millones sigue generando repercusiones jurídicas y empresariales para uno de los actores relevantes de la industria salmonera chilena.
El denominado caso Australis sumó un nuevo capítulo judicial. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de los querellantes para reabrir la investigación penal. Además, dispuso el término de las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario Isidoro Quiroga y los exejecutivos de la salmonera vinculados a la causa.
La decisión fue adoptada este viernes por la jueza Paulina Moya, durante la segunda jornada de alegatos de la audiencia de reapertura. En la misma resolución, el tribunal fijó para el 15 de marzo de 2027 la audiencia de sobreseimiento de los imputados, según informó Emol.
La determinación se produce después de que el Ministerio Público comunicara formalmente su decisión de no perseverar en la investigación, al estimar que los antecedentes reunidos no permiten sustentar una acusación penal.
Fiscalía descarta continuar con la persecución penal
La investigación involucró al empresario Isidoro Quiroga, al exgerente de Administración y Finanzas de Australis, Santiago Garretón, y al expresidente del directorio Martín Guiloff, quienes fueron formalizados en enero de 2025 por los presuntos delitos de estafa y administración desleal.
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En ese momento, la Fiscalía cifró en US$620 millones el perjuicio atribuido a los hechos investigados. Estos hechos estaban relacionados con una supuesta sobreproducción de salmones que habría excedido los permisos ambientales y afectado el valor de la compañía durante su proceso de venta.
Sin embargo, tras más de tres años de investigación, que incluyeron más de 80 declaraciones, 70 oficios y 26 instrucciones a la Policía de Investigaciones (PDI), el fiscal Juan Pablo Araya concluyó que no existían antecedentes suficientes para formular una acusación.
Con el rechazo a la reapertura, también quedaron sin efecto las medidas cautelares que afectaban a los imputados. Quiroga y Garretón estaban sujetos a arraigo nacional y firma trimestral, mientras que Guiloff debía firmar cada dos meses en el consulado chileno en Madrid, España.
La reacción de la parte de Quiroga
Tras conocerse la resolución, Asesorías e Inversiones Benjamín (AIB), sociedad ligada a Quiroga, valoró la decisión del tribunal y la determinación adoptada por el Ministerio Público.
La firma sostuvo que, después de revisar los antecedentes recopilados durante la investigación, la Fiscalía concluyó que no existían elementos que justificaran continuar con la persecución penal.
Asimismo, defendió que la evidencia reunida descartaría la existencia de engaño o fraude en la compraventa de Australis. También destacó las conclusiones de un tribunal arbitral que previamente examinó los mismos hechos.
Según AIB, dicho tribunal, incluido el árbitro designado por Joyvio, concluyó que no hubo dolo ni fraude y que los compradores contaban con amplia información al momento de concretar la operación.
Estas declaraciones corresponden a la posición de la sociedad ligada al empresario y se enmarcan en una controversia que mantiene abiertos otros frentes judiciales y arbitrales.
Joyvio insiste en llevar el caso a juicio
La resolución no significa que la disputa penal haya terminado. Joyvio, actual controlador de Australis Seafoods, confirmó que continuará adelante con su acción contra Quiroga y los antiguos ejecutivos de la compañía.
La firma china anunció que solicitará el forzamiento de la acusación. Este mecanismo permite a los querellantes pedir autorización judicial para sostener una acusación propia y procurar llevar a los imputados a juicio oral, pese a que la Fiscalía haya decidido no perseverar.
El abogado querellante César Ramos explicó que la solicitud de reapertura buscaba completar diligencias que, a juicio de esa parte, resultaban relevantes para esclarecer los hechos. Entre ellas figuraban peritajes destinados a determinar los perjuicios económicos y un análisis criminalístico de correos electrónicos.
El tribunal desestimó esas diligencias, entre otros aspectos, por dificultades técnicas. No obstante, Ramos afirmó que la falta de esos antecedentes no significa que para los querellantes la causa esté concluida.
De esta manera, Joyvio mantiene su intención de buscar una instancia judicial en la que pueda defender su posición respecto de la operación de compraventa y los hechos denunciados.
Un conflicto que también se juega en el arbitraje
La controversia entre Joyvio y los antiguos propietarios de Australis se originó tras la adquisición de la salmonera en 2019, por un monto cercano a los US$921 millones.
Posteriormente, el comprador acusó a los anteriores controladores de ocultar información sobre niveles de producción que habrían excedido los permisos ambientales, lo que, según su tesis, habría influido en el precio pagado por la compañía.
En paralelo a la investigación penal, los hechos fueron examinados en un procedimiento arbitral. Ese proceso concluyó que los vendedores habían entregado información incompleta y omitido antecedentes ambientales, y ordenó restituir US$217 millones, monto que ascendería a cerca de US$300 millones al considerar intereses.
Sin embargo, en junio, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló ese laudo, tras lo cual Joyvio inició un nuevo arbitraje que permanece en curso.
Este antecedente refleja la complejidad del conflicto: mientras la investigación penal enfrenta un escenario marcado por la decisión de la Fiscalía de no perseverar y el rechazo a reabrir las diligencias, la disputa comercial y patrimonial continúa por otras vías.
Un caso de alto impacto para la salmonicultura chilena
El caso Australis se ha convertido en una de las controversias corporativas más relevantes para la salmonicultura nacional, por el monto involucrado, las acusaciones relacionadas con la información ambiental y las consecuencias que podría tener para las partes.
La decisión del Cuarto Juzgado de Garantía representa un avance para la posición procesal de los imputados, al dejar sin efecto sus medidas cautelares y rechazar las diligencias solicitadas por los querellantes. Sin embargo, todavía queda pendiente la audiencia de sobreseimiento y la eventual solicitud de Joyvio para forzar la acusación.
Por ahora, el desenlace penal dependerá de los próximos pasos procesales, mientras el frente arbitral continúa abierto. Así, una operación que comenzó con la compra de Australis por cerca de US$921 millones sigue generando repercusiones jurídicas y empresariales para uno de los actores relevantes de la industria salmonera chilena.