El reportaje emitido por TVN en horario estelar el pasado 22 de marzo reactivó el debate sobre el impacto de actores extranjeros en el conflicto en torno a la salmonicultura chilena. La investigación televisiva planteó que recursos provenientes de una ONG noruega habrían sido utilizados para respaldar acciones orientadas a frenar proyectos salmoneros en el sur del país, en un contexto marcado por el uso de herramientas legales como la Ley Lafkenche. Según la pieza audiovisual, los montos involucrados superarían los $500 millones y habrían sido destinados a comunidades lafkenche.
A partir de esa revelación, distintas autoridades de la Región de Los Lagos y del Congreso manifestaron preocupación por una eventual afectación a la soberanía económica del país y por el impacto que este tipo de denuncias podría tener sobre el desarrollo de la industria salmonera. El caso volvió a tensionar el debate sobre la Ley 20.249 y sobre el financiamiento de organizaciones que actúan en zonas de alta sensibilidad productiva y territorial.
Autoridades piden fiscalización y transparencia
Entre las primeras reacciones, el senador Fidel Espinoza (PS) sostuvo que, más allá de sus diferencias históricas con la industria, no corresponde aceptar intervenciones externas en una materia que considera de resorte interno. En paralelo, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, insistió en que la salmonicultura enfrenta una “pandemia de la burocracia y la permisología”, y cuestionó el uso de la Ley Lafkenche para congelar proyectos estratégicos en la zona.
En la misma línea, el senador Iván Moreira (UDI) anunció que solicitará fiscalizaciones exhaustivas al Ejecutivo, argumentando que una situación de esta naturaleza no solo abre un conflicto competitivo, sino que también compromete intereses nacionales. Las reacciones políticas, en ese sentido, apuntan a que la controversia no quedará reducida al impacto mediático del reportaje, sino que podría trasladarse a los planos legislativo y administrativo en las próximas semanas.
Comunidades rechazan acusaciones de financiamiento noruego
Desde las comunidades, sin embargo, la respuesta fue distinta. Francisco Vera Millaquén, werken de la comunidad Pepiukelén de Pargua e integrante de la Coordinadora Willi Lafken Weichan, rechazó las acusaciones de financiamiento noruego y sostuvo que el trabajo desarrollado ha sido principalmente comunicacional y de resguardo de sectores costeros, en línea con el espíritu original de la ley. El dirigente descartó que actualmente existan recursos extranjeros dirigidos a frenar salmoneras.
Vera Millaquén sí reconoció que durante la discusión inicial de la normativa, entre 2004 y 2005, hubo apoyos logísticos relacionados con traslados y alimentación. Asimismo, confirmó apoyo técnico de Greenpeace, aunque precisó que este no responde a una defensa corporativa de la ley, sino a la protección de espacios costeros específicos. Con ello, las comunidades buscan diferenciar entre colaboración puntual y una eventual estructura de financiamiento extranjero permanente, como la que sugiere el reportaje televisivo.
Embajador de Noruega responde mediante declaración pública en X
En medio de la controversia, el embajador de Noruega en Chile difundió una declaración pública en su cuenta de X (@NorwayAmbChile) para fijar la posición oficial de su país frente a la situación. En ella, sostuvo que Chile y Noruega son “socios cercanos, colaboradores y no competidores”, subrayando que existe una relación de cooperación de más de dos décadas entre ambos países en ámbitos como investigación, ciencia y administración pública.
El diplomático también señaló que la ONG noruega mencionada en el reportaje informó haber desarrollado un proyecto de colaboración con una ONG chilena entre 2004 y 2014, pero recalcó que dicha iniciativa fue independiente y que no representa la postura del gobierno noruego. Agregó, además, que en Noruega existe una sociedad civil activa que puede acceder a fondos públicos para distintos proyectos, incluso cuando esos proyectos promueven posturas que no coinciden con las del propio gobierno.
Finalmente, el embajador afirmó que Noruega valora su colaboración con Chile y el intercambio de experiencias y buenas prácticas, pero remarcó que las políticas y leyes chilenas son definidas soberanamente por el propio país, “sin ninguna injerencia extranjera”.
El escenario a futuro y Plan Salmón 2050
Desde la administración local de Puerto Montt, se impulsa el Plan Salmón 2050, que busca destrabar la «permisología» y la burocracia que hoy asfixia a la industria. La meta es sincerar quiénes se benefician realmente con la paralización de concesiones y asegurar que el desarrollo del borde costero no dependa de agendas financiadas desde el exterior.
Con la industria salmonera aportando el segundo mayor volumen de exportaciones del país, la presión sobre el Ejecutivo para investigar el rol de las ONG extranjeras y reformar la normativa vigente será el eje de la agenda legislativa en las próximas semanas.
