El inicio de un nuevo Gobierno en marzo, con un período acotado de cuatro años, sin reelección y sin mayoría parlamentaria, plantea un desafío estratégico inmediato: cómo combinar una gestión eficiente con reformas profundas que permitan destrabar el potencial económico del país. Así lo plantea Joaquín Barañao, ingeniero civil y miembro del equipo de incidencia de la Red Pivotes, en una columna de opinión publicada en el diario El Mostrador.
Según el autor, si bien la tentación natural será concentrarse en la gestión —mejorar equipos, incorporar tecnología y optimizar procesos administrativos—, ese camino tiene un límite claro. Marcos regulatorios obsoletos y disfuncionales actúan como un techo que impide avanzar más allá de ciertos resultados.
Litio: una oportunidad frenada por la regulación
Barañao identifica al litio como uno de los ejemplos más evidentes de este problema estructural. A pesar de que Chile cuenta con decenas de salares con potencial y de que el mineral es altamente demandado a nivel mundial, hoy solo existen dos faenas en operación, ambas en el Salar de Atacama, una de ellas abierta hace casi tres décadas.
En su análisis, el autor cuestiona la persistencia del sistema de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), que califica como lento, discrecional y altamente vulnerable a judicializaciones. A su juicio, esta figura ha demostrado ser ineficaz para impulsar nuevos proyectos, como lo evidencia el escaso número de contratos adjudicados durante el último período presidencial.
La raíz del problema sostiene, está en una normativa heredada de la dictadura, cuando se pensaba que el litio tendría un uso principalmente nuclear y se estimaba que Chile concentraba cerca del 40% de las reservas mundiales. Hoy, con el auge de las baterías y una participación chilena que ronda apenas el 9,6% de los recursos globales, ese diagnóstico quedó completamente superado.
Ley Lafkenche: de protección local a traba estructural
El segundo foco crítico que aborda la columna es la Ley Lafkenche. Barañao recuerda que su espíritu original, impulsado en 2005 y aprobado en 2007, era reconocer el uso consuetudinario de espacios costeros por parte de comunidades indígenas, mediante asignaciones acotadas y de carácter local.
Sin embargo, el diseño legal presenta falencias relevantes: no establece límites claros al tamaño de los espacios solicitados, carece de un examen riguroso de admisibilidad y otorga efectos suspensivos indefinidos con solo ingresar una solicitud. Esto, según el autor, ha abierto la puerta a abusos de gran escala.
Las cifras que cita son elocuentes: a fines de 2024 se habían otorgado 34 espacios que suman 222 mil hectáreas y existían 109 solicitudes pendientes por 3,8 millones de hectáreas, una superficie comparable a la de Dinamarca. Para Barañao, este fenómeno ha terminado convirtiéndose en una barrera significativa para el desarrollo económico del sur de Chile, afectando especialmente a la acuicultura.
Gestión y reformas: las dos caras del “Gobierno de emergencia”
En el cierre de su columna en El Mostrador, Joaquín Barañao sostiene que exprimir al máximo las herramientas de gestión es necesario, pero insuficiente. Una vez alcanzado ese límite, afirma, es indispensable avanzar hacia una “fase 2” basada en reformas estructurales.
En ese marco, expresa su expectativa de que la agenda de los primeros 90 días del presidente electo incluya dar urgencia a la moción parlamentaria que busca declarar concesible el litio y avanzar en una racionalización de la Ley Lafkenche. Para el autor, solo integrando gestión y reformas será posible dar contenido real al concepto de un “Gobierno de emergencia”.
