Compartimos columna de opinión escrita por Ignacio Briones, Bernardo Barría y Juan Francisco Galli de Pivotes y Juan José Obach de Horizontal quienes analizan el entramado de la “permisología” en Chile y plantean una serie de reformas puntuales para mejorar la coordinación, reducir plazos y dar mayor certeza a la inversión.
La tramitación de permisos se ha convertido en uno de los principales nudos para el desarrollo de proyectos en Chile, tensionando la protección de bienes públicos con la necesidad de impulsar la inversión. En esta columna de opinión, Ignacio Briones, Bernardo Barría y Juan Francisco Galli, de Pivotes, junto a Juan José Obach, de Horizontal, analizan el estado actual de la “permisología” y proponen una serie de ajustes normativos concretos para mejorar su coordinación, acortar plazos y otorgar mayor certeza regulatoria al sistema. A continuación, replicamos la columna de opinión
El problema de la permisología no es que existan permisos —indispensables para proteger bienes públicos como el medio ambiente y el patrimonio—, sino que nuestro sistema ha evolucionado hacia uno descoordinado, con plazos excesivos y criterios poco previsibles. En palabras del Presidente Boric, un sistema kafkiano. Se puede mejorar la coordinación entre los servicios y acortar algunos plazos a través de una mejor gestión, pero sin reingenierías reglamentarias, legales e institucionales, será difícil alcanzar los plazos y certezas que se requieren para dar el salto en inversión que Chile requiere.
Con este diagnóstico, en Horizontal y Pivotes trabajamos durante 10 meses para identificar intervenciones quirúrgicas, pero de alto impacto, en normas legales y reglamentarias que hoy afectan a la inversión, con control de cambios, con “lápiz y goma de borrar”. El resultado son 68 medidas concretas —34 legales y 34 reglamentarias— en cuatro áreas críticas: medio ambiente, aguas, concesiones marítimas y hallazgos arqueológicos (Consejo de Monumentos).
Hace unos días, con ánimo colaborativo y para que este trabajo sirva como un insumo real al gobierno entrante, entregamos este trabajo al futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha puesto la facilitación regulatoria entre los pilares de su gestión.
¿Qué propone, en simple, nuestro paquete proinversión?
Primero, modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental considerando distintos tipos de proyectos. Para proyectos pequeños y medianos, volver al espíritu original de las DIA (que se crearon como simples declaraciones juradas), eliminando la participación ciudadana de estas y quitándole el peso de la prueba al titular para descartar impactos ambientales. Para ampliaciones, cambios tecnológicos o extensiones de vida útil que no aumenten la huella ambiental (muy relevantes en el sector minero), proponemos instalar un proceso abreviado ad-hoc. Para todo tipo de proyectos, evitar los pronunciamientos excesivos de los servicios sectoriales.
Para los proyectos de gran envergadura, proponemos crear una instancia de Análisis Temprano Voluntario, donde la institucionalidad resuelva oportunamente, con la emisión de Términos de Referencia Ambientales, cuestiones relevantes como los impactos ambientales a evaluar, los servicios públicos con pertinencia para observarlos y el área de influencia. De esta forma se reducirían iteraciones futuras y se darían certezas desde el inicio.
Segundo, destrabar la DGA y hacer más eficientes sus procesos: fortalecer e incentivar la figura de pre-revisores; acotar las iteraciones entre el titular y este servicio en permisos de obras hidráulicas mayores y generar criterios objetivos para que el gran grueso de las modificaciones de cauce (que no revisten un impacto ambiental significativo) sean convertidas en declaraciones juradas.
Tercero, en patrimonio, en línea con el proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso, traspasar el otorgamiento de permisos arqueológicos del CMN al Servicio del Patrimonio y agilizar la reanudación de obras ante hallazgos imprevistos.
Cuarto, en concesiones marítimas, se propone agilizar la etapa de admisibilidad y eliminar el pronunciamiento de las CRUBC, cuando corresponda.
En un país que requiere seguir profundizando su transición energética, ampliar la transmisión eléctrica, adaptarse al estrés hídrico y proveer de minerales críticos, alimentos y productos biodegradables, reciclables y bajos en emisiones al mundo, la respuesta no puede ser “menos inversión”, sino que “más inversión” con altos estándares ambientales y seguridad jurídica.
La permisología no solo afecta las grandes inversiones, también a las pymes (sin espaldas para sortear la maraña regulatoria) y a la sociedad entera, cuando se postergan inversiones sociales como hospitales. Por lo tanto, esto no puede ser una agenda de derecha o izquierda; debe ser una política de Estado. Valoramos el esfuerzo del gobierno saliente en permisos sectoriales, y esperamos que el gobierno entrante le ponga más ambición a esa agenda, y la extienda a la madre de todos los permisos, como es el ambiental. En este sentido, las primeras declaraciones del futuro ministro de Hacienda son promisorias.
La tramitación de permisos se ha convertido en uno de los principales nudos para el desarrollo de proyectos en Chile, tensionando la protección de bienes públicos con la necesidad de impulsar la inversión. En esta columna de opinión, Ignacio Briones, Bernardo Barría y Juan Francisco Galli, de Pivotes, junto a Juan José Obach, de Horizontal, analizan el estado actual de la “permisología” y proponen una serie de ajustes normativos concretos para mejorar su coordinación, acortar plazos y otorgar mayor certeza regulatoria al sistema. A continuación, replicamos la columna de opinión
El problema de la permisología no es que existan permisos —indispensables para proteger bienes públicos como el medio ambiente y el patrimonio—, sino que nuestro sistema ha evolucionado hacia uno descoordinado, con plazos excesivos y criterios poco previsibles. En palabras del Presidente Boric, un sistema kafkiano. Se puede mejorar la coordinación entre los servicios y acortar algunos plazos a través de una mejor gestión, pero sin reingenierías reglamentarias, legales e institucionales, será difícil alcanzar los plazos y certezas que se requieren para dar el salto en inversión que Chile requiere.
Con este diagnóstico, en Horizontal y Pivotes trabajamos durante 10 meses para identificar intervenciones quirúrgicas, pero de alto impacto, en normas legales y reglamentarias que hoy afectan a la inversión, con control de cambios, con “lápiz y goma de borrar”. El resultado son 68 medidas concretas —34 legales y 34 reglamentarias— en cuatro áreas críticas: medio ambiente, aguas, concesiones marítimas y hallazgos arqueológicos (Consejo de Monumentos).
Hace unos días, con ánimo colaborativo y para que este trabajo sirva como un insumo real al gobierno entrante, entregamos este trabajo al futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha puesto la facilitación regulatoria entre los pilares de su gestión.
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¿Qué propone, en simple, nuestro paquete proinversión?
Primero, modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental considerando distintos tipos de proyectos. Para proyectos pequeños y medianos, volver al espíritu original de las DIA (que se crearon como simples declaraciones juradas), eliminando la participación ciudadana de estas y quitándole el peso de la prueba al titular para descartar impactos ambientales. Para ampliaciones, cambios tecnológicos o extensiones de vida útil que no aumenten la huella ambiental (muy relevantes en el sector minero), proponemos instalar un proceso abreviado ad-hoc. Para todo tipo de proyectos, evitar los pronunciamientos excesivos de los servicios sectoriales.
Para los proyectos de gran envergadura, proponemos crear una instancia de Análisis Temprano Voluntario, donde la institucionalidad resuelva oportunamente, con la emisión de Términos de Referencia Ambientales, cuestiones relevantes como los impactos ambientales a evaluar, los servicios públicos con pertinencia para observarlos y el área de influencia. De esta forma se reducirían iteraciones futuras y se darían certezas desde el inicio.
Segundo, destrabar la DGA y hacer más eficientes sus procesos: fortalecer e incentivar la figura de pre-revisores; acotar las iteraciones entre el titular y este servicio en permisos de obras hidráulicas mayores y generar criterios objetivos para que el gran grueso de las modificaciones de cauce (que no revisten un impacto ambiental significativo) sean convertidas en declaraciones juradas.
Tercero, en patrimonio, en línea con el proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso, traspasar el otorgamiento de permisos arqueológicos del CMN al Servicio del Patrimonio y agilizar la reanudación de obras ante hallazgos imprevistos.
Cuarto, en concesiones marítimas, se propone agilizar la etapa de admisibilidad y eliminar el pronunciamiento de las CRUBC, cuando corresponda.
En un país que requiere seguir profundizando su transición energética, ampliar la transmisión eléctrica, adaptarse al estrés hídrico y proveer de minerales críticos, alimentos y productos biodegradables, reciclables y bajos en emisiones al mundo, la respuesta no puede ser “menos inversión”, sino que “más inversión” con altos estándares ambientales y seguridad jurídica.
La permisología no solo afecta las grandes inversiones, también a las pymes (sin espaldas para sortear la maraña regulatoria) y a la sociedad entera, cuando se postergan inversiones sociales como hospitales. Por lo tanto, esto no puede ser una agenda de derecha o izquierda; debe ser una política de Estado. Valoramos el esfuerzo del gobierno saliente en permisos sectoriales, y esperamos que el gobierno entrante le ponga más ambición a esa agenda, y la extienda a la madre de todos los permisos, como es el ambiental. En este sentido, las primeras declaraciones del futuro ministro de Hacienda son promisorias.
