La salmonicultura chilena se encuentra nuevamente en el centro de una controversia internacional. Lo que comenzó como una discusión sobre sustentabilidad ambiental y conservación marina ha evolucionado hacia un debate mucho más profundo: quién tiene el derecho de influir en el desarrollo económico de un país soberano y cuál es el verdadero alcance del poder ejercido por grandes fundaciones filantrópicas extranjeras.
Dos recientes publicaciones estadounidenses —una en Inside Philanthropy y otra en The Firebreak— han puesto bajo la lupa el papel de la Fundación David y Lucile Packard y otras organizaciones internacionales en las campañas ambientales dirigidas contra la industria salmonera chilena. Los reportajes revelan una red de financiamiento a ONG, litigios judiciales, campañas de comunicación e iniciativas regulatorias que, según representantes de la industria, buscan limitar o incluso impedir el crecimiento de uno de los sectores exportadores más importantes del país.
La controversia no es menor. La salmonicultura genera más de US$6.300 millones en exportaciones anuales y sostiene directa e indirectamente cerca de 86.000 empleos en el sur de Chile, desde La Araucanía hasta Magallanes. Se trata de la segunda actividad exportadora del país después de la minería del cobre y una de las principales fuentes de desarrollo económico para regiones con escasas alternativas productivas.
En este escenario, la crítica más dura provino de Ricardo García Holtz, presidente del Chilean Salmon Marketing Council y gerente general de Camanchaca cuya declaración en Inside Philanthropy resume el malestar de buena parte del sector.
“Es una vergüenza. Extranjeros, especialmente estadounidenses ultrarricos que generaron un alto impacto ambiental en sus propios países, vienen ahora a una nación soberana para crear obstáculos al crecimiento y así limpiar sus conciencias. Deberían hacerlo en su propio país”, manifestó García.
El poder de la filantropía global
La investigación publicada por Inside Philanthropy sostiene que la Fundación Packard ha destinado alrededor de US$26 millones a iniciativas de conservación marina en Chile desde 2008, financiando organizaciones ambientalistas, campañas de incidencia pública y proyectos de conservación.
Desde la perspectiva de la fundación, el objetivo es proteger ecosistemas marinos vulnerables y promover prácticas más sostenibles. Su estrategia oceánica declara buscar la protección y restauración de los océanos para las personas y la naturaleza, asegurando además que las organizaciones beneficiarias mantienen autonomía para definir sus propias prioridades.
Sin embargo, los críticos sostienen que el verdadero poder sigue estando en manos de quienes financian. Una frase obtenida por la investigadora Ash Enrici durante un estudio sobre la labor internacional de Packard se transformó en uno de los pasajes más comentados del reportaje: “Sin duda, nosotros fijamos la agenda. Llegar con dinero durante 20 años fija la agenda”.
Para representantes de la salmonicultura, esa afirmación confirma una preocupación que se ha instalado con fuerza durante los últimos años: que las decisiones estratégicas sobre el futuro productivo de regiones completas están siendo influenciadas desde fuera del país.
Melanie Whatmore, directora ejecutiva del Chilean Salmon Marketing Council y directora de la marca global Salmón de Chile, sintetiza esta percepción con un concepto que ha ganado notoriedad en el debate público: “Por eso tantas personas en Chile describen esta dinámica como filantro-colonialismo”, apuntó en Inside Philanthropy.
La batalla por el relato
La disputa no se limita a regulaciones, permisos o litigios. También se libra en el terreno de la opinión pública. Las organizaciones ambientalistas sostienen que la salmonicultura chilena continúa generando impactos significativos sobre ecosistemas marinos sensibles. Entre sus principales cuestionamientos figuran el uso intensivo de antibióticos, la contaminación orgánica de fondos marinos y la presencia de centros de cultivo en áreas ecológicamente relevantes.
Alessandro Bocconcelli, oceanógrafo y fundador de Cetinela Patagonia, sostiene que ha observado graves problemas ambientales durante sus recorridos por el extremo sur de Chile. Por su parte, Greenpeace Chile va aún más lejos al afirmar que la salmonicultura sustentable no existe.
La industria responde destacando que opera bajo una de las regulaciones más estrictas del país y que los incumplimientos son sancionados por la autoridad. Como ejemplo, se menciona la extensa resolución dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente contra centros de cultivo de Cooke Aquaculture, demostrando que existe fiscalización activa.
Además, organismos independientes como el Aquaculture Stewardship Council informan que cerca de un cuarto de la producción nacional ya cuenta con certificaciones internacionales de sustentabilidad, mientras que el número de centros certificados se ha triplicado durante los últimos cinco años.
Como señala Scott Nichols, expresidente del directorio del ASC: “En la pescadería, todos los salmones están muertos, todos son rojos y ninguno puede contar una historia. Nos corresponde a nosotros contarla”.
La controversia de los ECMPO y el conflicto territorial
La publicación de The Firebreak profundiza aún más la discusión al abordar el uso de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), creados bajo la Ley Lafkenche.
Según el reportaje, solicitudes que abarcan más de 621 mil hectáreas de superficie marítima en Chiloé habrían sido presentadas en representación de apenas 36 personas indígenas.
Marcelo Lipka, vicepresidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, expresó su preocupación: “Ahora pueden decidir quién trabaja en sus áreas y quién no, afectando así nuestro trabajo”.
Por su parte, Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar, afirmó en The Firebreak que las ONG habían encontrado una forma de “atrapar” a la salmonicultura inundando el sistema regulatorio con solicitudes de ECMPO a un ritmo superior al que las autoridades podían procesarlas.
La controversia se vuelve particularmente sensible cuando involucra a comunidades indígenas. Juan Carlos Tonko Paterito, dirigente kawésqar de Puerto Edén, ha cuestionado abiertamente el papel de algunas ONG internacionales en la Patagonia.
“Nuestra contraparte son los Estados, no las ONG. No puede ser que estemos a merced de organizaciones que no conocemos y por las cuales los ciudadanos chilenos no han votado para gobernar nuestros destinos”, afirmó en The Firebreak.
Protestas, empleo y desarrollo regional
Uno de los episodios más simbólicos ocurrió en abril de 2023 durante la campaña “Patagonia sin salmoneras”, impulsada por Greenpeace. Cuando el yate Witness arribó a Puerto Natales fue recibido por trabajadores, pescadores y miembros de comunidades indígenas que cuestionaban el mensaje de las organizaciones ambientalistas.
Entre los manifestantes se encontraba Amil Caro, dirigente kawésqar, con un cartel que resumía el sentimiento de muchos asistentes: “Greenpeace no paga mis cuentas”.
Semanas después, miles de trabajadores se movilizaron desde Biobío hasta Magallanes para manifestar su preocupación por nuevas restricciones regulatorias. En Puerto Natales participaron cerca de 2.000 personas y una caravana de vehículos de cuatro kilómetros de extensión.
Las consignas reflejaban el temor a una eventual pérdida de empleos: “¿Sin salmoneras quién nos paga el sueldo? ¡¿Las ONGs?!”
El senador Fidel Espinoza también intervino en la discusión pública con una crítica al centralismo político. “Dejen de gobernar desde Ñuñoa y desde posiciones cómodas”.
Transparencia y financiamiento extranjero
Otro de los puntos más controversiales es el avance de una iniciativa legislativa destinada a exigir mayor transparencia sobre el financiamiento internacional de las ONG que operan en Chile.
El impulsor de la propuesta, el diputado Miguel Ángel Calisto, sostiene que la ciudadanía tiene derecho a conocer quién financia organizaciones que participan activamente en debates regulatorios y económicos de alcance nacional. “Necesitamos saber cuántas ONG existen en el país y quién las financia”, afirmó.
Para los defensores de la iniciativa, la transparencia es una condición básica para fortalecer la confianza pública. Para sus detractores, podría transformarse en una herramienta destinada a limitar la acción de la sociedad civil.
Una discusión que recién comienza
La columna de opinión «La máscara de la filantropía» publicada recientemente por Ricardo García a través de su Linkedin plantea que el debate de fondo trasciende ampliamente a la salmonicultura. Según su visión, la verdadera pregunta es quién define las prioridades de desarrollo de Chile y qué nivel de influencia pueden ejercer actores extranjeros en la formulación de políticas públicas.
El dirigente sostiene que la discusión debe abrir espacio a preguntas fundamentales: “¿Quién define los estándares y prioridades de un país soberano como Chile?” y “¿Dónde está la línea entre colaboración internacional y la infiltración externa para hacer política pública?”.
Otra interrogante que plantea el Ejecutivo es: “¿Por qué les cuesta tanto a las ONG ser transparentes cuando ellas mismas lo exigen?” y “¿Por qué no quieren abrir diálogos directos y honestos con quienes viven y trabajan en los territorios?”.
Mientras las organizaciones ambientales insisten en la necesidad de proteger ecosistemas únicos y avanzar hacia modelos productivos más sustentables, la industria salmonera reclama que el debate incorpore también las dimensiones sociales, laborales y económicas involucradas.
Volviendo a Los artículos, García destacó que tocan un punto sensible: “el poder del dinero extranjero. Porque cuando hay financiamiento millonario por décadas a organizaciones agitadoras, es difícil sostener que las agendas son completamente “neutrales”; ahí hay vicio y turbiedad”, señaló.
El ejecutivo enfatizó que “nada de esto invalida la necesidad de un progreso sustentable de la salmonicultura, pero sí obliga a cambiar el tono de la conversación y transparentar los verdaderos intereses tras el activismo y radicalidad de las ONG”.
“Chile es un país con instituciones y capacidad de regulación propia y, sobre todo, una democracia donde las políticas públicas las fija la institucionalidad nacional. Y la salmonicultura, con todos sus desafíos, sigue siendo una actividad clave para el desarrollo del sur y para la producción de alimentos a nivel global, y que merece respeto”, realzó.
Por ahora, una carta enviada por el Chilean Salmon Council al directorio de la Fundación Packard sigue esperando respuesta.
Y mientras eso ocurre, la discusión continúa creciendo más allá del salmón. Como concluye García Holtz, el tema central es otro: “Al final la pregunta de fondo no es sobre el salmón, sino sobre cómo se cuenta la historia de la industria chilena”.
