En una industria donde cada variable biológica puede impactar productividad, reputación y acceso a mercados, la bioseguridad dejó hace tiempo de ser un tema secundario. Y uno de los puntos más sensibles —aunque muchas veces invisibilizado dentro de la operación— podría estar desplazándose diariamente por rutas australes o canales: el transporte de peces vivos.
Una investigación desarrollada en la Universidad Austral de Chile encendió nuevas alertas sobre las brechas regulatorias que persisten en el sistema nacional de transporte salmonero, particularmente en el ámbito terrestre, identificando factores críticos que podrían influir directamente en la diseminación de patógenos, el bienestar animal y la resiliencia sanitaria del sector.
El estudio, liderado por la médico veterinaria y magíster en Medio Ambiente y Bioseguridad en Acuicultura, Daniela Oyarzún Vargas, realizó un análisis comparativo entre las normativas de Chile, Noruega, Escocia y Canadá, además de evaluar prácticas operacionales mediante encuestas aplicadas a empresas de transporte de peces vivos en el país.
En conversación en exclusiva con Daniela Oyarzún, la investigadora agradeció a la “Dra. Sandra Bravo y Dra. Ana Millanao, quienes fueron las que personas con las que trabajé este proyecto de título, ellas no aparecen como profesores patrocinantes en el proyecto de título entregado a la universidad, ya que ambas no se encontraban trabajando en Universidad Austral de Chile, al momento de realizar mi proceso de entrega de la tesis”.
Ahora bien, el diagnóstico deja una conclusión dual para la salmonicultura chilena: el país opera bajo estándares internacionales de bioseguridad y bienestar animal, pero aún mantiene vacíos regulatorios que podrían transformarse en vulnerabilidades sanitarias si no se abordan oportunamente.
El transporte: un eslabón estratégico —y vulnerable— de la cadena salmonera
Desde el traslado de smolts desde agua dulce al mar, movimientos entre centros de cultivo, cosechas o manejo de mortalidades, el transporte de peces vivos constituye una actividad cotidiana en la producción salmonera.
Sin embargo, detrás de esa operación logística existe un riesgo sanitario permanente. “El transporte de peces vivos representa una de las principales vías potenciales de diseminación de patógenos entre centros de cultivo”, advierte la investigación, recordando que el movimiento de peces, agua o equipos contaminados puede facilitar la propagación de enfermedades de alto impacto para el sector.
La preocupación adquiere especial relevancia en un escenario donde enfermedades como SRS, BKD, IPN o tenacibaculosis siguen representando desafíos biológicos relevantes para las compañías productoras.
Según Daniela Oyarzún, la vulnerabilidad actual del sistema chileno no es menor. “La vulnerabilidad actual es significativa debido a brechas normativas críticas que afectan tanto la bioseguridad como el bienestar animal”, explica la investigadora.
Uno de los hallazgos más sensibles del trabajo es que, al año 2022, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura no contaba con un registro consolidado de empresas dedicadas al transporte terrestre de peces vivos, pese a que el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA) establece esta exigencia.
Para Oyarzún, esta ausencia de control oficial genera una brecha concreta de trazabilidad. “Esta falta de control oficial convierte al transporte en una posible vía para la propagación de patógenos”, advierte.
Noruega vuelve a marcar la referencia
Al comparar el sistema chileno con los principales productores mundiales de salmón, Noruega emerge nuevamente como el referente regulatorio más robusto.
La investigación identificó que el país escandinavo cuenta con normativas específicas sobre densidad animal, calidad del agua, desinfección, bienestar animal, integrando estos aspectos bajo una lógica sanitaria coordinada entre organismos públicos. Chile, en contraste, aún presenta vacíos normativos en variables clave.
Para la investigadora, el país podría avanzar rápidamente adoptando medidas regulatorias ya probadas internacionalmente. “Chile debe avanzar hacia un modelo que, como el de Noruega, integre plenamente el bienestar animal y la bioseguridad en su normativa”, sostiene Oyarzún.
Entre las medidas prioritarias, plantea implementar efectivamente el registro obligatorio de las empresas de transporte terrestre contemplado en el Artículo 48 del RESA, además de avanzar hacia un reglamento específico de sanidad animal para peces.
Asimismo, propone fortalecer el capital humano mediante estándares formales de capacitación. “Sería bueno establecer una certificación obligatoria en bienestar animal para todo el personal, asegurando formación en fisiología y manejo del estrés”, agrega.
La “zona gris” operacional: CO₂, pH y densidad animal
Más allá del marco regulatorio, uno de los hallazgos más relevantes del estudio apunta a lo que la investigadora describe como una “zona gris operacional” dentro del monitoreo de variables críticas durante el transporte.
Si bien el oxígeno disuelto suele monitorearse de forma habitual en la industria, existen parámetros menos controlados que podrían tener efectos importantes sobre el estado fisiológico de los peces. “Existe una zona gris operacional que compromete la salud de los peces”, afirma Oyarzún.
El estudio identificó que solo un 5,6% de las empresas monitorea continuamente el dióxido de carbono (CO₂), pese a que niveles elevados pueden generar estrés crónico e inmunodepresión.
Según la investigadora, algunas operaciones toleran concentraciones de hasta 35 mg/l, muy por encima del umbral cercano a 15 mg/l asociado a efectos negativos sobre el bienestar animal.
La densidad de carga también aparece como un punto crítico
“Existe una falta de información en la densidad animal durante el transporte, donde casi la mitad de las empresas no entrega datos, evidenciando una debilidad en la estandarización de este factor de riesgo clave”, explica.
A juicio de la especialista, la situación se vuelve más compleja porque gran parte de los estándares actualmente aplicados responden a protocolos voluntarios definidos por las propias empresas y no necesariamente a exigencias regulatorias nacionales.
“Gran parte de la rigurosidad actual depende de estándares voluntarios de las empresas y no de una exigencia legal nacional que resguarde la bioseguridad y el bienestar de los peces”, señala.
Seis factores que podrían definir el éxito —o fracaso— de un traslado
La investigación identificó además seis factores críticos que pueden determinar el resultado sanitario de una operación de transporte:
- Calidad del agua: especialmente parámetros como oxígeno, CO₂, temperatura y pH.
- Densidad animal: donde una sobrecarga puede incrementar lesiones, deteriorar el agua y elevar el estrés fisiológico.
- Ayuno previo: práctica considerada estratégica para reducir residuos metabólicos y estabilizar las condiciones del traslado.
- Desinfección efectiva: entendida como una barrera clave frente a patógenos, cuya eficacia depende del cumplimiento riguroso de protocolos.
- Monitoreo continuo: especialmente mediante sensores y control en tiempo real.
- Capacitación del personal: donde el factor humano sigue siendo decisivo frente a contingencias operacionales.
En paralelo, el análisis FODA aplicado a empresas de transporte mostró un consenso creciente respecto al rol de la tecnología como habilitador de mejores estándares sanitarios.
Wellboats cerrados, sistemas UV, automatización y monitoreo digital fueron identificados como herramientas capaces de reducir significativamente riesgos de transmisión.
El desafío ya no sería tecnológico
Pese a los avances operacionales observados, la principal conclusión del estudio parece apuntar a una dimensión distinta.
Para Daniela Oyarzún, el gran reto de Chile no radica en la falta de capacidades técnicas, sino en la necesidad de una integración normativa más robusta. “El desafío de Chile no es tecnológico, sino de integración normativa, donde el bienestar animal y la bioseguridad deben estar unidos por ley”, sostiene.
Este estudio permite que se pueda seguir profundizando el análisis sobre efectividad de medidas de bioseguridad y adaptación de protocolos frente al cambio climático, pero enfatiza que este trabajo ya entrega señales concretas para futuras políticas públicas.
“El trabajo actúa como un diagnóstico para políticas públicas, sugiriendo la urgencia de un marco regulatorio nacional robusto que reemplace los manuales privados voluntarios, garantizando que el transporte de peces, ya sea por mar o tierra, sea seguro, sostenible y competitivo a nivel internacional”, concluye.
En una industria donde un evento sanitario puede comprometer biomasa, mercados e incluso reputación país, el mensaje del estudio enfatiza en que el transporte de peces vivos dejó de ser solo un proceso logístico. Hoy también transporta bioseguridad, bienestar animal y parte importante de la competitividad sanitaria de la salmonicultura chilena.
