La acuicultura se ha convertido en una pieza clave de la seguridad alimentaria global. Hoy, más de la mitad de los productos acuáticos que llegan a nuestras mesas provienen de sistemas de cultivo. Sin embargo, este crecimiento acelerado tiene un talón de Aquiles: las enfermedades infecciosas, responsables de pérdidas millonarias y de un uso intensivo de antibióticos que preocupa tanto a científicos como a autoridades sanitarias.
Frente a este escenario, las vacunas emergen como una de las herramientas más prometedoras para proteger la salud de los peces, reducir el impacto ambiental y frenar la expansión de la resistencia a los antimicrobianos.
Un reciente análisis comparativo de la experiencia de Chile, Noruega y España realizado por el Dr. Ruben Avendaño-Herrera, investigador de la Universidad Andrés Bello y Centro INCAR, el Dr. Renato Quiñones de la Universidad de Concepción y Leonardo Arancibia, coordinador Área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de la BCN revela cómo la regulación, la innovación y las decisiones de política pública pueden marcar la diferencia entre depender de los antibióticos o apostar por la prevención.
Del antibiótico a la prevención: una lección histórica
Durante décadas, el control de enfermedades bacterianas en la salmonicultura se basó casi exclusivamente en el uso de antibióticos. Noruega vivió este escenario con fuerza en los años ochenta, cuando llegó a utilizar cerca de 48 toneladas anuales de antimicrobianos para combatir infecciones como la forunculosis.
El punto de inflexión llegó a comienzos de los años noventa, con la adopción masiva de estrategias de vacunación preventiva. El resultado fue contundente: en menos de una década, el consumo de antibióticos cayó a niveles cercanos a una tonelada anual. Hoy, Noruega es citada como un ejemplo global de cómo la vacunación puede transformar la sanidad acuícola. Chile, en cambio, enfrenta una realidad muy distinta.
Chile y el desafío pendiente del Síndrome Rickettsial del Salmón
En la salmonicultura chilena, el Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS) continúa siendo la principal causa de mortalidad y el mayor impulsor del uso de antibióticos. A pesar de contar con más de veinte vacunas comerciales autorizadas contra esta enfermedad, su eficacia ha sido insuficiente para proteger a los peces durante toda la fase marina del cultivo.
Como consecuencia, el país mantiene uno de los consumos más altos de antimicrobianos en acuicultura a nivel mundial, con el florfenicol como principio activo dominante. Esta dependencia no solo tiene implicancias productivas, sino también sanitarias y ambientales, al contribuir al desarrollo de resistencia a los antimicrobianos (RAM), un problema que la Organización Mundial de la Salud considera una de las mayores amenazas para la salud global.
El rol de la regulación: cuando las normas también curan
El análisis comparativo muestra que la diferencia entre países no radica solo en la ciencia, sino también en cómo se regulan y utilizan las vacunas.
En Chile, el proceso de registro y control de vacunas está dividido entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), encargado de autorizar los productos, y SERNAPESCA, responsable de fiscalizar su uso. Si bien el sistema es riguroso en términos de seguridad y control de calidad, también es lento y poco flexible, especialmente cuando se trata de actualizar vacunas existentes o autorizar autovacunas adaptadas a cepas locales.
Estas autovacunas —formuladas a partir de patógenos aislados en un centro de cultivo específico— podrían ser una herramienta clave para enfrentar enfermedades como el SRS. Sin embargo, los plazos indefinidos y la complejidad administrativa han desincentivado su uso, favoreciendo, en la práctica, la solución más rápida: el antibiótico.
Noruega y España: vacunarse es parte de la bioseguridad
En Noruega, la vacunación no es vista como una opción, sino como un pilar de la bioseguridad. La legislación incluso considera irresponsable liberar peces sin vacunar contra enfermedades bacterianas comunes, y las autoridades pueden imponer la vacunación obligatoria cuando lo estiman necesario. Además, el sistema distingue claramente entre investigación y uso comercial, facilitando el desarrollo de nuevas vacunas bajo condiciones controladas.
España, por su parte, se rige por el marco regulatorio de la Unión Europea, con procesos definidos y plazos claros para la autorización de vacunas comerciales y autovacunas. El control de calidad por lote y la existencia de normativas específicas para medicamentos inmunológicos otorgan certezas tanto a la industria como a los reguladores.
Innovación, nanotecnología y el futuro de las vacunas para peces
El documento también pone el foco en las tendencias emergentes en vacunología acuícola. Vacunas orales, de inmersión, de ADN y nanovacunas aparecen como alternativas prometedoras para mejorar la protección de los peces y facilitar su aplicación a gran escala.
La encapsulación de antígenos en nanopartículas, el uso de bacteriófagos y el desarrollo de adyuvantes más eficientes buscan resolver uno de los grandes desafíos actuales: lograr una inmunidad duradera sin afectar el bienestar animal ni el medio ambiente.
No obstante, los autores advierten que el avance de estas tecnologías depende de una mayor inversión en investigación básica, especialmente en el conocimiento del sistema inmunitario de los peces.
Más vacunas, menos antibióticos: una decisión estratégica
La comparación entre Chile, Noruega y España deja un mensaje claro: la vacunación efectiva no es solo un asunto técnico, sino una decisión estratégica de país. Allí donde las normas facilitan la innovación, la prevención reemplaza al tratamiento y el uso de antibióticos se reduce drásticamente.
Para Chile, el desafío no pasa únicamente por desarrollar nuevas vacunas, sino también por modernizar sus procesos regulatorios, acortar plazos, fomentar el uso de autovacunas y alinear la política sanitaria con el objetivo global de reducir la resistencia antimicrobiana.
En un contexto de cambio climático, mayor presión productiva y creciente escrutinio internacional, vacunar a los peces puede ser mucho más que una medida sanitaria: puede ser la clave para una acuicultura verdaderamente sostenible.
