El despliegue de la nueva estrategia federal «A Force of Nature» (Una Fuerza de la Naturaleza) en Canadá ha abierto una brecha profunda entre el Gobierno y el sector acuícola. Mientras Ottawa anuncia una inversión de 81,7 millones de dólares canadienses para la restauración del salmón silvestre en el Atlántico, la industria advierte que el uso de estos fondos podría transformarse en un «arma política» si se asignan a organizaciones que buscan el desmantelamiento de la actividad productiva.
El veto de ASF
La Asociación de Productores de Peces del Atlántico de Canadá (ACFFA) ha sido tajante al solicitar que ningún fondo público sea destinado a la Atlantic Salmon Federation (ASF). Tom Taylor, director ejecutivo de la ACFFA, calificó a la ASF como una «organización activista financiada por el extranjero» dedicada a difundir información engañosa para erosionar la confianza pública en el salmón de cultivo.
Desde el gremio defienden que el sector genera un impacto económico de $3.200 millones y emplea a más de 9.400 personas, insistiendo en que la conservación debe basarse en ciencia y no en campañas de «de-marketing» que amenazan la seguridad alimentaria regional.
La crisis del pacífico
La tensión no es exclusiva de la costa este. En la Columbia Británica (BC), la industria observa con escepticismo las promesas de «desarrollo sostenible» del Primer Ministro Carney. El sector denuncia una incongruencia fundamental: mientras el nuevo discurso gubernamental habla de alianzas con pueblos originarios (First Nations) y certidumbre para la inversión, Ottawa mantiene en pie el plan para prohibir la salmonicultura en balsas-jaula para junio de 2029.
«No se puede hablar de vías predecibles para la inversión mientras se mantiene un sector vital atrapado en años de incertidumbre política», señalan analistas del sector en el oeste canadiense.
Batalla en Ottawa
Mientras Ottawa intenta equilibrar su agenda ambiental con la económica, la industria percibe un sesgo político que prioriza las demandas del activismo sobre la estabilidad de las comunidades rurales y la seguridad alimentaria nacional. La falta de definiciones técnicas en la asignación de fondos y el mantenimiento de plazos de cierre en el Pacífico sugieren que la estrategia de conservación está operando de forma incongruente con la realidad operativa y social de sus costas.
