El consultor internacional en acuicultura y director ejecutivo del Club Innovación Acuícola, Adolfo Alvial, en una columna de opinión publicada recientemente en el Diario El Llanquihue titulada “Ley de Acuicultura sí, pero sobre bases sólidas” reflexionó que Chile está a las puertas de una gran oportunidad en la acuicultura. Su potencial para exportar productos y servicios de alta calidad es enorme, gracias al desarrollo de un sólido clúster industrial.
Sin embargo, para aprovechar este potencial, el consultor enfatizó que el país necesita un marco político que fomente un crecimiento sostenible del sector, con una normativa ágil y adaptable a los constantes cambios del mercado.
Alvial destacó que nuestro país cuenta con condiciones excepcionales para la producción marina y cultivo terrestres, por lo tanto, está en una posición privilegiada. “Las regiones australes, en particular, cuentan con recursos únicos y especies de alta demanda que solo pueden ser cultivadas en áreas limitadas del planeta. A estas ventajas comparativas se suma un potente clúster industrial y un destacado ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en el sur del país”, afirmó.
En este sentido, “aprovechar plenamente estas oportunidades requiere de una política de Estado clara y una regulación que equilibre el fomento de la inversión y el crecimiento con resguardos ambientales y sociales adecuados. Además, se deben habilitar factores que aceleren la innovación tecnológica para enfrentar los desafíos actuales y futuros del sector”, sugirió.
En este contexto, señaló que “el Gobierno ha iniciado un esfuerzo valorable al convocar la discusión de una nueva Ley de Acuicultura. Esta propuesta busca integrar y modernizar la normativa fragmentada que regula al sector, reconociendo su creciente relevancia en la economía nacional. Sin embargo, el proceso adolece de un problema estructural: no se ha basado en una Política Nacional de Acuicultura actualizada que defina los objetivos y expectativas del país respecto a esta actividad”.
Enfatizó que “la ausencia de una política renovada que enmarque los consensos básicos debilita la legitimidad política y la estabilidad del nuevo cuerpo legal. Sin esta base, la discusión en torno a los ocho pilares propuestos para la ley corre el riesgo de volverse estéril y que, ante la falta de acuerdos claros, sea la autoridad la que termine imponiendo unilateralmente los términos del proyecto”.
Aclaró que la Política Nacional vigente, que data de 2003, establece como objetivo el máximo crecimiento económico de la acuicultura en un marco de sustentabilidad ambiental y equidad. “En ausencia de una nueva política, este propósito debería inspirar y guiar las discusiones actuales. Declarar esta base al inicio de cada debate permitiría dar claridad al proceso y reducir las incertidumbres que frenan el desarrollo del sector”, recalcó.
Aseveró que “en un escenario global de creciente demanda de alimentos, limitar o estancar esta actividad sería un grave error. Los trabajadores, proveedores y otros actores clave tienen razón al manifestar preocupación por un proceso que, más allá de su finalidad, debe estar bien fundamentado para garantizar el futuro sostenible de la acuicultura en Chile”.
