El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se encuentra en el ojo del huracán, con un nivel récord de casi US$100.000 millones en proyectos a la espera de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esta cifra histórica, revelada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), evidencia el enorme potencial de inversión que podría dinamizar la economía, pero que permanece frenado por la lentitud del sistema. Así se dio a conocer la información en El Mercurio.
Mientras el sector empresarial lamenta la exclusión de la reforma al SEIA de la lista de proyectos prioritarios del Gobierno, expertos apuntan a una serie de problemas estructurales que explican este embotellamiento. Excesivas observaciones, demoras en las aprobaciones por parte de la autoridad ambiental, una superabundancia de guías e instructivos, y un «desmesurado celo» de los organismos públicos son algunas de las causas señaladas.
De acuerdo al informe realizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), al cierre del primer trimestre de 2025, un total de 658 proyectos se encuentran en “estado de calificación”, 37 iniciativas más que al cierre de 2024 (621 proyectos). En este contexto, el monto de inversión en esta situación es de US$99.692 millones, un aumento de casi 6% respecto del registrado tres meses antes (US$94.287 millones). De esta forma, se trata de la mayor cifra desde que existe registro (2009).
La antigüedad de los proyectos en calificación también es un punto crítico: casi el 39% del total corresponde a planes presentados antes de 2024, y cerca de un tercio (34%) de los montos corresponden a inversiones ingresadas antes del año pasado.
En este escenario, los planes que esperan luz verde ambiental superan, por ejemplo, a los del catastro de proyectos de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), que al cuarto trimestre considera una inversión para el quinquenio 2024-2028 por US$68.597 millones. Aunque en este último caso se trata de obras que cuentan con cronograma definido.
Especialistas exponen algunas razones
El gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, especificó que, en el stock que está en calificación, los rubros con mayor participación son: Energía (34,4%), Otros (25,5%, entre ellos, hidrógeno verde), Minería (14,8%). En este desglose, se conoce también que hay proyectos relacionados a la acuicultura y salmonicultura que también se encuentran en la lista de espera.
En este sentido, León explicó que “el aumento sostenido que registra el stock de estos proyectos se explica por un desbalance entre los montos ingresados y aceptados a tramitación, que desde 2023 exhiben resultados más bien positivos, y los montos de inversión aprobados, que se mantienen en niveles más bien bajos”.
Por su parte, especialistas como Clemente Pérez, abogado y exdirector de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama RM), exsubsecretario de Obras Públicas y expresidente de Metro explica que “el stock de proyectos en evaluación crece, porque la cantidad de proyectos que ingresa es mayor que los que el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) puede evacuar en el mismo período de tiempo. Hay quienes sostienen que falta personal, puede ser. Pienso que también se debe a que hay servicios que en vez de ir a revisar la normativa aplicable y hacer las preguntas de fondo, se quedan entrampados en muchas preguntas accesorias…El stock en evaluación crece muchísimo si uno agrega los proyectos que se encuentran en discusión en los tribunales ambientales en otras sedes jurisdiccionales”.
Por su lado, Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, indica que esta situación se produce “por la excesiva iteración que se produce entre el SEA y los demás servicios públicos que revisan o emiten pronunciamiento sobre el proyecto, los cuales muchas veces piden solicitudes de información, incluso innecesarias, de las cuales se tiene que hacer cargo el titular y que no son posibles de resolver en los plazos regulares del procedimiento”,
Así, Hazbun enfatizó en que “es clave transformar al SEA en una ventanilla única efectiva, mejorar la coordinación entre los servicios, establecer incentivos para los cumplimientos de los plazos, pero, por, sobre todo, un cambio de paradigma en los mismos servicios públicos, a fin de que pidan los estrictamente necesario para la calificación del proyecto y voluntad política para sacarlos adelante”.
En tanto, el socio del estudio de abogados Andreucci y Torrejón y experto en materias inmobiliarias, Rodrigo Andreucci, advirtió dos situaciones Por una parte indicó que existe una lentitud asociada a las observaciones que emite el SEA, que “requieren la asesoría de profesiones distintas y obligan a los titulares a pedir suspensión de los plazos, y así se alarga el proceso. En segundo lugar, señaló que “existen aproximadamente 160 guías e instructivos distintos para tramitar los permisos ambientales, más leyes y tratados internacionales, lo que acrecienta la demora y los inconvenientes ante tantas y muy diversas observaciones que se reciben en los Icsara. Además, la mayoría de las veces, los distintos organismos públicos se comportan como si de sus observaciones en un proyecto dependiera el clima del mundo. Estos dos factores explican atolladero de proyectos en el SEIA”.
Adreucci sugirió que “la forma de agilizar las evaluaciones es refundiendo leyes y guías en menos textos legales, proceso que se denomina la codificación del derecho de la construcción, que no se hace, pues los poderes políticos han preferido crear leyes dispersas”.
Aprobaciones y plazos
En enero-marzo, 53 proyectos fueron aprobados en el SEIA, casi 16% menos que el primer trimestre 2024 y 35% menos que en el cuarto trimestre de 2024, ubicándose bajo el promedio trimestral de los últimos 10 años (93 iniciativas). En cuanto a montos, se visaron US$ 4.067 millones en el primer cuarto de 2025, un alza de 13% anual, pero menos que los US$ 8.174 millones de octubre-diciembre del ejercicio pasado, y ubicándose nuevamente bajo el promedio trimestral desde 2015 (US$5.003 millones).
Ahora bien, considerando solos los proyectos visados durante el primer trimestre de 2025, el tiempo promedio de aprobación de una iniciativa fue de 17,9 meses. Esto representó una baja de 7% respecto de los últimos tres meses de 2024 (19,3 meses) y 4% menos respecto de los proyectos aprobados durante enero-marzo del ejercicio previo (18,6 meses).
Respuesta del SEA
En respuesta a las críticas, Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA, explicó que el actual stock de proyectos “tiene relación con el importante número de grandes iniciativas que ingresó en 2024, tal como lo detalla el informe de la CChC”.
Aseguró que el servicio cumple al 100% con los plazos legales y está implementando medidas para acortarlos, como el desarrollo de guías para unificar criterios y la modernización del SEIA electrónico.
Detalló que “desarrollamos guías para unificar criterios, evitando dispares interpretaciones de la normativa. Además, en el marco de la modernización del SEIA electrónico, estamos avanzando decididamente en incorporar nuevas tecnologías y estandarizar procesos, lo que nos permitirá reducir plazos de evaluación. Por último, hemos reducido significativamente los plazos que tarda el comité de ministros en resolver los recursos sometidos a su análisis”.
Sin embargo, la preocupación persiste, sobre todo porque los tiempos de aprobación superan a los de prepandemia y, además, según Nicolás León, “el contexto de la crisis climática ha aumentado las exigencias en materia de evaluación”.
