¿Puede un grupo de menos de 40 personas solicitar más de 650.000 hectáreas de borde costero y con solo eso paralizar el desarrollo económico del sur de Chile?
Hoy sí se puede, y ese es un grave problema de la Ley Lafkenche que el nuevo Gobierno debiese buscar corregir.
Recientemente la Corte Suprema dejó sin efecto el rechazo de la CRUBC (Comisión Regional de Uso del Borde Costero) de Aysén a una ECMPO gigantesca (Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios) que pidieron poco más de 35 personas —equivalente a unas 18.000 hectáreas para cada uno— lo que muestra un vacío estructural.
La ley paraliza actividades económicas privadas y públicas preexistentes solo por la presentación de una solicitud, sin que haya acreditación mínima del uso consuetudinario que supuestamente se busca proteger.
Lo solicitado en este caso es una superficie equivalente al 120% de la Provincia Cordillera en la Región Metropolitana y que suma las comunas de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, donde habitan más de 620 mil personas. O equivalente al 80% de toda la isla de Chiloé. Por persona significa darle a cada uno de los solicitantes una superficie mayor a la comuna de Las Condes. Una locura.
El resultado es conocido: proyectos relevantes quedan congelados por años; las inversiones regionales se detienen; el empleo y oportunidades reales para las familias del sur quedan en suspenso; y lo peor, el Estado queda obligado a “probar” lo que el solicitante no tiene que demostrar rigurosamente.
Esto no es sostenible ni justo para nadie. Ni para las comunidades indígenas —que merecen un reconocimiento serio y debidamente acreditado— ni para las regiones que viven del uso productivo del mar.
¿Hay solución para terminar con el problema? La hay
Cuando se presenta una ECMPO (una solicitud para reconocer un área del borde costero como espacio de uso tradicional de un pueblo originario), no deberían detenerse los trámites que ya estaban en proceso antes de esa solicitud. Esos trámites tienen prioridad y deben seguir adelante.
Luego, si alguien quiere que se reconozca un área como ECMPO, esa persona o comunidad debe demostrar que realmente ha usado ese espacio de manera tradicional. No le corresponde a la CRUBC tener que probar lo contrario.
Por último, la ley debiera pedir que estas solicitudes tengan límites claros, que presenten pruebas sólidas y que la extensión solicitada sea proporcional al territorio y a las actividades que existen en la región, para evitar conflictos con otros actores
Ello restablecería la seguridad jurídica, la expectativa legítima y el buen uso del borde costero, sin afectar el espíritu original de la Ley Lafkenche, que protege las prácticas ancestrales sin permitir abusos, sin paralizar el desarrollo territorial, y siendo armónica con la existencia de otras personas e intereses del territorio.
Porque el borde costero es de todos los chilenos, y porque no hay chilenos de primera y segunda categoría como bien lo estableció el rechazo a la primera propuesta de nueva constitución.
