La creciente demanda por instrumentos que conecten la ciencia y la política radica en la aspiración de abordar problemas que inquietan a una nación o área geográfica mediante el respaldo conjunto y su materialización en políticas públicas efectivas.
Bajo este escenario, el International Network for Government Science Advice (INGSA), capítulo para Latinoamérica y el Caribe, junto con la Cátedra UNESCO «Educación Científica para la ciudadanía» de la Universidad Autónoma de Chile, llevaron a cabo el estudio «El papel del conocimiento científico en la formulación de políticas en chile: la perspectiva de científicos, investigadores y tomadores de decisiones».
En el análisis se examinaron diversos aspectos, como los factores que influyen en la toma de decisiones, los medios y organismos que actúan como intermediarios entre la comunidad científica y los responsables de formular políticas, las barreras o brechas existentes para integrar la ciencia en estos procesos y las áreas que requieren mejoras para fortalecer el uso de evidencia científica en la elaboración de políticas públicas.
La encuesta aplicada entre junio y noviembre de 2024 fue respondida por 98 científicos y científicas y casi un 50% de este grupo es del rango etario 35-44 años, un 23,6% tiene entre 45 y 54 años y un 16,85 % se ubica en el rango entre 55-64 años. Cabe destacar que el 100% de este grupo de personas está vinculada a instituciones educativas.
Resultados alarmantes
Un hallazgo sobresaliente revela que la mayoría de los participantes encuestados (un 84,69%) opina que las dimensiones políticas y económicas son las que principalmente determinan las decisiones. En contraste, solo una minoría (un 26,53%) considera que la evidencia científica ejerce una mayor influencia.
Respecto a cómo se percibe la utilidad de la evidencia científica en la evaluación y creación de políticas públicas, la mayoría de los encuestados manifiesta una alta concordancia: un 63,27% se declara «totalmente de acuerdo» y un 17,35% expresa estar «de acuerdo».
En relación a las fuentes de información sobre evidencia científica que utilizan los responsables de la creación de políticas públicas en su nación, la mayoría (67%) considera que son las organizaciones “lobbistas” (Think tanks), seguidas por intermediarios (54%) y las universidades (44%). Un porcentaje menor cree que se informan directamente a través de los científicos (27%) o mediante publicaciones académicas (15%).
Resulta también notable que un 56,57% opina que quienes diseñan las políticas públicas ignoran la perspectiva de la comunidad científica al tomar decisiones. En contraste, solo un 3,3% afirma que la opinión de los investigadores sí se toma en cuenta. Al preguntarles si han intervenido en la formulación de políticas públicas, una mayoría considerable del 57% respondió negativamente, mientras que un 30% indicó haber participado y un 13% manifestó haber asesorado «a veces».
El sondeo también revela una carencia de comunicación y colaboración entre los sectores académico/científico y político. Esto se ve también en las respuestas a la pregunta sobre si existe una brecha de colaboración entre la comunidad científica y quienes toman decisiones políticas, donde un 85% de los encuestados respondió afirmativamente.
Desconexión estructural: ¿cómo revertir esta situación?
En virtud de los resultados, la Dra. Javiera Cornejo Kelly, profesora titular de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet) de la Universidad de Chile, directora del Laboratorio de Farmacología Veterinaria (Farmavet) y del Laboratorio de Inocuidad de los Alimentos (Inocuivet), directora ejecutiva del Centro Colaborador CASA de la Organización Mundial de Sanidad Animal, enfatizó que “lo preocupante de estas cifras es que reflejan una desconexión estructural entre el conocimiento generado en el ámbito académico y las decisiones estratégicas del Estado. Revertir esta situación requiere no solo una mayor voluntad política, sino también mecanismos institucionales formales que aseguren la participación vinculante de expertos en la toma de decisiones, y que, además, aseguren la toma de decisiones basada en datos científicos confiables. La ciencia debe dejar de ser una opinión más y transformarse en un insumo obligatorio para la formulación de políticas públicas, especialmente en sectores tan estratégicos y sensibles para nuestro país como el acuícola”.
Similar piensa, el Dr. Alberto Sáez Arteaga, académico e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de la Universidad de las Américas, quien expresó que “en Chile, un país cuya economía está profundamente entrelazada con los recursos naturales, resulta muy preocupante que solo uno de cada cuatro científicos crea que la evidencia científica influye en la formulación de políticas públicas. Para quienes trabajamos en áreas como la acuicultura, donde ciencia y regulación deberían caminar de la mano, esta realidad es desalentadora”.
Mecanismos de financiamiento y de intermediación
Para la Dra. Cornejo, “se requiere un cambio en los mecanismos de financiamiento a las ciencias aplicadas, ya que tampoco podemos esperar años para generar datos que influyan en cambios que se requieren para la toma de decisiones. Actualmente, el investigador que detecta un problema debe postular a fondos concursables que demoran alrededor de un año en ser adjudicados, luego, esperar que se entreguen los fondos, comenzar el estudio y recién ahí empezar a generar datos. Estos tiempos no conversan con la velocidad requerida por la industria para encontrar soluciones. Debido a esto, las decisiones se pueden ver más influidas por presiones productivas o intereses de corto plazo que por el consenso técnico-científico”, expuso.
La Dra. también complementó que “aquí es donde la colaboración público-privada es fundamental y se vuelve imprescindible fortalecer la participación activa y vinculante de la academia. La articulación entre el Estado, la industria y las universidades es clave para desarrollar soluciones técnicamente validadas, que le den el respaldo a nivel nacional e internacional a las políticas públicas”.
Por su lado, Sáez puntualizó en que “el informe también muestra que los científicos desean que sus investigaciones impacten en la formulación de políticas. Esta voluntad, debería ser aprovechada y encauzada a través de mecanismos de intermediación: asesores científicos permanentes, comisiones técnicas estables, inversión para formación en comunicación científica y participación pública de investigadores para que la ciencia aplicada se conecte con las necesidades del país”.
La urgencia de institucionalizar la conexión con la salmonicultura
En ámbito de la acuicultura y la salmonicultura, el investigador reflexionó que hoy en día en Chile se enfrentan desafíos complejos y multidimensionales: cambio climático, bienestar animal, uso de antibióticos, conflictos socioambientales, por nombrar solo algunos. Por lo que, “resolver estos desafíos requiere decisiones informadas, basadas en datos rigurosos y en los conocimientos que se han generado durante décadas en centros de investigación y universidades. Sin embargo, el informe evidencia que más de la mitad de los investigadores encuestados señala que los intereses de grupos de poder pesan más que la evidencia. En salmonicultura esto se traduce, muchas veces, en normativas que no responden ni al criterio técnico ni a los desafíos del territorio”.
Por esta razón, recalcó que “en la salmonicultura, urge institucionalizar esta conexión. Las decisiones sobre normativas sanitarias o estrategias de mitigación ambiental requieren evaluaciones científicas independientes, sistemáticas y con respaldo de datos públicos y auditables. Si aspiramos a una salmonicultura sustentable, debemos dejar de ver la ciencia como un “insumo opcional” y comenzar a integrarla como un pilar estructural de la toma de decisiones”.
En tanto, la Dra. Cornejo, destacó que “en la salmonicultura, la colaboración de la industria con la academia es bastante sólida. Por ejemplo, desde Favet colaboramos y asesoramos desde hace muchos años a la industria, desde sus inicios, y hemos sido partícipe de muchas de las mejoras que se han realizado durante los años. A su vez, trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades competentes en el área. Esto ha permitido generar ya varios ejemplos de alianzas exitosas que han terminado en la instauración de políticas y regulaciones sólidas”.
Aun así, la investigadora coincidió en que “es necesario que se fortalezca y se institucionalice este tipo de relación. Creemos, basado en nuestra experiencia, que es condición básica para garantizar la sostenibilidad de la industria salmonera chilena, su aceptación social y su acceso a mercados internacionales cada vez más exigentes en términos sanitarios y ambientales”, concluyó.
