La implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) entró en una fase crucial. A más de dos años de la promulgación de la ley que creó esta institucionalidad —dependiente del Ministerio del Medio Ambiente— comenzó la consulta ciudadana del anteproyecto de reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, proceso que se extenderá hasta el 6 de abril.
La norma, una de las más esperadas dentro del paquete reglamentario de la ley, es observada con especial atención por la salmonicultura, actividad con fuerte presencia en reservas nacionales y otras categorías de protección, particularmente en la Región de Magallanes.
El reglamento clave
De acuerdo, a la publicación en El Mercurio, para Tomás Monge, gerente general de SalmonChile, se trata de “uno de los reglamentos más relevantes”, ya que definirá criterios de categorización, modificación, afectación y desafectación de áreas protegidas, además de los procedimientos para elaborar planes de manejo e integrar comités.
En términos prácticos, el reglamento establecerá las reglas del juego para la gestión de estos espacios y su eventual compatibilidad con actividades productivas existentes.
Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, sostiene que el eje del debate estará en los planes de manejo, instrumentos que deberán precisar qué objetos y especies son prioritarios de conservación dentro de cada área protegida.
“Ahí se determinará si una actividad económica afecta o no el objeto de conservación. No se trata solo de delimitar un territorio, sino de definir técnicamente qué se busca proteger y cómo interactúan las amenazas potenciales con esos elementos”, explica.
Más que un trámite
En Magallanes, donde la concentración de concesiones acuícolas en reservas nacionales es significativa, la discusión no es vista como un mero proceso administrativo.
Según Odebret, la consulta ciudadana es la base para establecer reglas claras que permitan destrabar inversiones hoy paralizadas por la incertidumbre normativa. El objetivo, afirma, es reemplazar interpretaciones ambiguas por criterios científicos explícitos que otorguen respaldo técnico a las decisiones.
La preocupación no es menor. En el sector temen que, sin una definición precisa, aumenten las judicializaciones derivadas de conflictos entre conservación y producción.
Marcela Klein, excoordinadora legal de la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, anticipa que el debate girará en torno a la compatibilidad: cuándo una actividad podrá considerarse coherente con la protección ambiental y cuándo no. “Ahí empiezan los dimes y diretes”, advierte, aludiendo a las tensiones que podrían surgir entre distintos actores.
Además, plantea otra arista sensible: la eventual declaración de áreas degradadas bajo esta ley, un procedimiento que no requeriría pasar por el Consejo de Ministros, lo que podría excluir la discusión técnica de carteras económicas.
Desarrollo y conservación: ¿falsa dicotomía?
Desde el Consejo del Salmón, su presidenta ejecutiva Loreto Seguel enfatiza que la acuicultura debe ser considerada en igualdad de condiciones con otros sectores como el turismo o la pesca. Recuerda que la salmonicultura es la segunda actividad exportadora del país después de la minería y genera más de 70 mil empleos en el sur de Chile.
En ese contexto, el mensaje de la industria apunta a superar la lógica binaria de “desarrollo versus conservación”. Para los gremios, el desafío está en construir una discusión técnica robusta que permita compatibilizar protección ambiental y actividad económica bajo estándares claros.
Certeza jurídica como condición
El trasfondo del debate es la necesidad de certeza jurídica. Monge advierte que el alcance del reglamento será determinante para evitar conflictos derivados de la superposición entre áreas protegidas y concesiones ya operativas.
En regiones como Magallanes, donde la acuicultura es un motor relevante de empleo y encadenamientos productivos, el resultado de esta consulta ciudadana podría definir el ritmo de crecimiento del sector en la próxima década.
La creación del SBAP buscó centralizar en un solo órgano especializado funciones que antes estaban dispersas en múltiples reparticiones. Ahora, con su reglamentación en curso, comienza la etapa en que la arquitectura institucional deberá traducirse en reglas concretas.
El plazo de la consulta avanza y, aunque aún no se registran observaciones formales de actores clave, el sector salmonero afina sus propuestas. Lo que está en juego no es solo un reglamento: es la forma en que Chile equilibrará conservación y producción en uno de sus territorios más sensibles y estratégicos.
