En entrevista con el programa Pesca y Acuicultura de Polar Comunicaciones, la autoridad regional reconoció el rol determinante que juega el cultivo de salmónidos en la economía y el empleo del extremo sur, subrayando la urgencia de generar certezas territoriales que permitan la continuidad operativa y el crecimiento sustentable del sector productivo.
Apoyo y apertura
Durante la conversación, Rosenfeld destacó que la salmonicultura es un pilar indispensable dentro de la matriz económica regional, por lo que el Estado debe acompañar su desarrollo mediante soluciones técnicas viables antes que restricciones unilaterales.
En este marco, la autoridad abordó la situación de los centros de cultivo que operan legítimamente en áreas de alta protección bajo el amparo de la normativa vigente, proponiendo facilitar su reubicación hacia la Reserva Kawésqar, señalando que, «Aquellas concesiones acuícolas que están operando hoy día, que están acogidas y amparadas bajo el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y si es que lo desean, puedan migrar de esas zonas que son de alta fragilidad ecológica hacia la Reserva Kawésqar, eso sería una situación idónea». sostuvo el seremi.
Para visibilizar el ordenamiento territorial, Rosenfeld precisó que se debe trabajar en una homologación técnica de Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA), levantando información científica que valide las condiciones oceanográficas más favorables para la operación acuícola.
En este marco, Rosenfeld señaló que, «Hay que identificar cuáles son las zonas AAA que hoy día existen, que no están operando con concesiones acuícolas y que pudieran ser homólogas con aquellas que existen dentro de parques nacionales. Habrá que llevar a cabo una especie de línea base para determinar cuáles son las zonas más idóneas para emplazar zonas AAA).
RCA y Judicialización
Uno de los puntos más categóricos expresados por el seremi fue su diagnóstico sobre la parálisis que afecta a las relocalizaciones en Magallanes, donde la tasa de éxito desde 2010 es prácticamente nula. Rosenfeld cuestionó abiertamente el impacto negativo que generan los recursos sistemáticos interpuestos por organizaciones externas, los cuales terminan por entrampar proyectos productivos legítimos.
En este marco, señaló que, «La tasa de éxito que ha habido con aquello es nula porque existen muchos recursos administrativos que se interponen por parte de requirentes u observantes externos, llámese fundaciones, ONG o cualquier otra organización. Recuerda que las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) tienen una vigencia de cinco años. Después de los cinco años la vigencia caduca y la empresa tiene que volver a ingresar otro requerimiento. Finalmente es un proceso que no tiene fin, lo cual es nocivo para la industria, nocivo para el sistema, hay una mala praxis y obviamente eso en algún momento tendrá que cambiar».
A este escenario se suma la afectación de decenas de concesiones que hoy se mantienen en efecto suspensivo debido a la tramitación de solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO Kawésqar), situación que continúa a la espera de definiciones.
Certezas para la inversión y diálogo gremial
Pese a advertir sobre la lentitud que podría implicar la transición hacia el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) (cuyos reglamentos quedaron proyectados recién hacia 2027), Rosenfeld valoró las mesas de trabajo sostenidas con la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.
En ese sentido, remarcó la disposición de la Seremi para facilitar el desarrollo productivo, llamando a coordinar junto al gremio una hoja de ruta con metas de crecimiento a 10 y 20 años que entregue incertidumbre a la inversión y consolide la posición competitiva de la industria en la región.
