Nuevamente se encuentra la empresa Cooke Chile en el ojo del huracán. En los últimos días, se dio a conocer que el Juzgado de Letras de Puerto Aysén aplicó una multa de 500 UTM ($34 millones) y ordenó la suspensión por un ciclo reproductivo, de los nueve centros de cultivo que Cooke Aquaculture Chile opera, por informar fuera de plazo el porcentaje de mortalidad de los planteles.
La sentencia iniciada por denuncia del Servicio Nacional de Pesca, afecta los centros Ballenas 3, Explorer River Salmon 5, Explore River Salmon 1, Mentirosa 1, Mentirosa 3, Punta Caldera, Punta Garrao, Huillines 2 y Huillines 3.
Frente a ello, Cooke Chile rechazó categóricamente la aplicación de sanciones desproporcionadas “por un presunto retraso, de un día en algunos casos y de dos en otros, en la entrega de una información estadística, el cual no tuvo consecuencias ni efecto negativo alguno. La sanción implica la suspensión de operaciones por 24 meses de nueve de sus centros de cultivo”, explicó.
Cooke aclaró que se cumplió con la entrega semanal de los datos requeridos por la autoridad, tal como lo establece la reglamentación vigente. Además, expresó su preocupación por lo que considera un trato injusto: “si alguien tenía dudas del ensañamiento que debemos enfrentar en contra de Cooke, este último episodio retrata de cuerpo entero el ánimo persecutorio en contra de nuestra empresa. Tampoco es aceptable que las ONG’s ambientalistas, contrarias a la salmonicultura, tengan como patrón de conducta atacar comunicacionalmente, tergiversando la realidad, para hacer aparecer a las empresas como infractoras de la normativa ambiental, en circunstancias que nuestro compromiso permanente es respetar siempre el entorno natural”, manifestó la firma.
Adicionalmente, Cooke cuestionó la proporcionalidad de la sanción: “¿en qué país civilizado, que promueve el funcionamiento normal de las actividades productivas, es concebible que el Estado ordene el cierre de una empresa por un atraso de dos días en la entrega de un formulario? Es de público conocimiento que existen organismos estatales que se retrasan más de 10 años en otorgar un permiso y nadie ha solicitado que sean cerrados por esta razón. Sin ir más lejos, el Estado demoró más de trece años en tramitar la relocalización de nuestras concesiones”, agregó la empresa.
Finalmente, Cooke informó que “esta sanción no es definitiva y ha sido impugnada judicialmente por la empresa, porque es desproporcionada y expropiatoria. Además, sostuvo que la medida contradice los plazos establecidos en el reglamento realmente aplicable, los cuales siempre y en todo momento han sido cumplidos por Cooke”.
