Un fuerte movimiento en la institucionalidad ambiental se produjo a pocos días del inicio del nuevo gobierno, luego de que el Ejecutivo solicitara la renuncia voluntaria de las máximas autoridades del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Ambos cargos habían sido provistos mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mecanismo que busca asegurar procesos de selección técnicos e independientes del ciclo político. Sin embargo, la administración decidió solicitar la salida anticipada de los titulares de ambos organismos.
Según información publicada por el medio El Mostrador, el Gobierno pidió la renuncia de Aarón Cavieres Cancino, director del SBAP, quien había asumido el cargo a fines de 2025 tras ganar un concurso público del sistema ADP. La solicitud se habría realizado en los últimos días, poniendo término anticipado a una gestión que alcanzó a extenderse por apenas algunos meses.
Cambios en el Servicio de Biodiversidad
La salida de Cavieres ocurre en un momento particularmente relevante para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, organismo recientemente creado tras más de una década de tramitación legislativa y que tiene como objetivo coordinar la gestión del sistema nacional de áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad en Chile.
El ahora exdirector cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito ambiental. Entre 2014 y 2018 se desempeñó como director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), institución donde previamente ocupó el cargo de jefe del Departamento de Control Forestal. También trabajó como asesor de la Subsecretaría de Agricultura, director ejecutivo de la Fundación Biodiversa y consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Salida en la Superintendencia del Medio Ambiente
El segundo movimiento se registró en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales y de las resoluciones de calificación ambiental que regulan proyectos de inversión.
De acuerdo con fuentes del sector, el Ejecutivo también solicitó la renuncia voluntaria de la superintendenta Marie Claude Plumer Bodin, quien igualmente había llegado al cargo mediante el sistema de Alta Dirección Pública.
Plumer es abogada de la Universidad de Chile y posee más de 29 años de experiencia profesional. Cuenta además con un máster en Derecho Ambiental de la Universidad de París I-II Panthéon-Sorbonne y estudios de especialización en gestión económica del medio ambiente y recursos naturales en la Universidad de Alcalá de Henares, en España.
Reordenamiento en la institucionalidad ambiental
A estos cambios se suma la salida de Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quien presentó su renuncia el 11 de marzo, coincidiendo con el cambio de mando presidencial.
A diferencia de los otros casos, su cargo correspondía a una designación de confianza política y no al sistema de Alta Dirección Pública, por lo que su salida se enmarca en el proceso habitual de renovación de autoridades con la llegada de una nueva administración.
Las tres salidas marcan un reordenamiento en la conducción de los principales organismos ambientales del país: el SBAP, responsable de la conservación de la biodiversidad y la gestión de áreas protegidas; la Superintendencia del Medio Ambiente, encargada de la fiscalización ambiental; y el Servicio de Evaluación Ambiental, que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental.
Los cambios se producen además pocos días después de que el presidente Kast firmara un decreto destinado a agilizar 51 proyectos de inversión, que —según la actual administración— permanecían trabados en distintas etapas de la institucionalidad ambiental.
