Chile enfrenta hoy una discusión que va mucho más allá del borde costero. La pregunta real es cómo entendemos la sostenibilidad en el siglo XXI: ¿cómo un freno al desarrollo o como la capacidad de integrar, al mismo tiempo, progreso social, crecimiento económico y protección ambiental?
La Ley Lafkenche nació con un objetivo legítimo: reconocer el uso consuetudinario que los pueblos originarios han tenido históricamente sobre espacios del borde costero. Fue un avance relevante en dignidad y reconocimiento territorial. Sin embargo, después de años de aplicación, el país observa una paradoja que no podemos seguir ignorando: en muchos lugares se ha instalado incertidumbre para invertir y, al mismo tiempo, las comunidades tampoco han visto los niveles de desarrollo que esperaban. Cuando ambos lados sienten que pierden, el problema no es el derecho en sí, sino el diseño institucional que lo rodea,
El instrumento central de la ley, el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, entrega administración y protección, pero no incorpora un modelo económico ni una estrategia de desarrollo asociada. No crea inversión, no genera empleo por sí mismo, no instala capacidades técnicas permanentes ni asegura proyectos productivos sostenibles. En la práctica, se protege el espacio, pero no siempre se habilita el futuro.
Desde la mirada de la sostenibilidad, el costo de esta situación rara vez se mide. Cada inversión que no se concreta no es sólo un proyecto menos: son empleos que no se generan, proveedores locales que no nacen, innovación que no llega al territorio y jóvenes que terminan migrando porque las oportunidades no existen. El “no desarrollo” también tiene impactos sociales y ambientales, aunque no aparezcan en los informes.
Al mismo tiempo, sería un error desconocer las exigencias ambientales y sociales que hoy enfrenta cualquier actividad productiva. La acuicultura moderna, al igual que otras industrias, ha avanzado hacia estándares tecnológicos de punta: monitoreo ambiental en tiempo real, optimización de procesos, trazabilidad y reducción de impactos. La discusión ya no puede ser simplemente permitir o prohibir, debe centrarse en cómo producir mejor, bajo reglas claras y exigencias crecientes.
Ahí está el verdadero desafío: pasar de una lógica de conflicto permanente a un modelo de sostenibilidad real. Chile ya dio una señal en esa dirección con la Estrategia Nacional del Litio. Su principal aprendizaje no fue productivo, sino institucional: gobernanza territorial, reglas claras y mecanismos concretos para que los beneficios lleguen al territorio. Esa es la lógica que falta en el borde costero.
Un enfoque moderno debería integrar tres elementos. Primero, claridad sobre compatibilidades de uso para reducir la incertidumbre y evitar que cada proyecto se transforme en una batalla. Segundo, estándares ambientales altos apoyados en tecnología y monitoreo transparente. Tercero, desarrollo social medible: empleo local, formación, innovación y participación real en los beneficios económicos.
La sostenibilidad no es inmovilidad. Tampoco es crecimiento a cualquier costo. Es la capacidad de diseñar instituciones que permitan avanzar con responsabilidad. Chile no necesita menos regulación, necesita mejor diseño institucional para generar valor compartido.
Hoy el riesgo más grande no es que existan derechos territoriales fuertes ni regulaciones exigentes. El riesgo más grande es otro: que, en nombre de la protección, terminemos inmovilizando territorios completos y perdiendo la oportunidad de construir bienestar para quienes viven en ellos. Porque un país no fracasa cuando discute cómo desarrollarse, fracasa cuando deja de hacerlo. Y la verdadera sostenibilidad comienza el día en que entendemos que proteger el territorio también significa darle un futuro posible a quienes lo habitan.
